pamplona - El Parlamento de Navarra aprobó ayer, con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E -y la oposición de UPN, PSN y PP- la Ley Foral de Cuentas Generales correspondiente a 2017. En realidad, se trata poco menos que de un trámite administrativo por el que los parlamentarios dan el visto bueno definitivo a un ejercicio presupuestario aprobado ya en su día y ejecutado. Pero en esta ocasión, las Cuentas Generales de 2017 tienen un valor especial al ser los primeros Presupuestos desde 2008 (y por tanto anteriores a la crisis económica) que se cerraron con un remanente de tesorería positivo de 360 millones de euros, y en cuyo desarrollo constató la Cámara de Comptos una “clara mejoría”, sobre todo gracias a la negociación del Convenio Económico con el Estado y la reforma fiscal de 2015.

El encargado de presentar los datos generales fue el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu. A saber, que las Cuentas Generales de 2017 reflejan unos gastos de 3.983,75 millones frente a unos ingresos de 4.528,23, un 12% más que en 2016. La partida que más gasto acaparó volvió a ser Salud (un 26%), seguida de la Educación (16%) y el Convenio Económico por las competencias no asumidas que presta el Estado (13%).

sube la inversión Pero más allá de las cifras, Aranburu empleó también la sesión para desbaratar varios de los mitos que continuamente alimenta la oposición cuando se habla de regla de gasto o deuda pública, y que son confusos cuando no directamente falsos. El primer aspecto que abordó Aranburu fue el relativo a la inversión pública, que “no es cierto que esté bajando” a pesar de lo que diga la oposición, y que demostró con datos. Así, en 2014, los capítulos seis y siete de los Presupuestos, correspondientes a inversión directa y transferencias de capital, sumaban un total de 197 millones. En 2018, Aranburu espera que esa cifra se cierre en 342. Es decir, “que la inversión ha subido considerablemente durante los años de gestión de este Gobierno”.

El segundo mito que desmontó es el del incumplimiento de la regla de gasto, un medidor del que “está de moda hablar”. Aranburu indicó, antes que nada, que la regla de gasto -que es un mecanismo de disciplina financiera para que los gastos de una administración se financien con ingresos habituales- tiene una “definición normativa discutible” puesta en duda incluso “por la propia ministra Montero” en sus tiempos de consejera de la Junta de Andalucía. Para empezar, la regla de gasto y su incumplimiento (por un desvío mínimo, según la Hacienda Foral) “no afecta para nada a la soberanía financiera de Navarra, en absoluto”, ni tiene que ver con las Inversiones Financieramente Sostenibles de 113 millones que Navarra quería pagar con su superávit, y que el Gobierno central limitó sólo a 35. Es más: para incumplir la regla de gasto previamente “has tenido que cumplir con el déficit y el objetivo de deuda, algo impensable para gobiernos anteriores”. Y si se ha incumplido (siempre el incumplimiento es con respecto a un Presupuesto), en parte ha sido “por sentencias como la de la Ciudad del Transporte”, derivada de UPN, o la decisión de devolver la paga extra a los funcionarios.

Por último, aclaró qué ocurre con la deuda. UPN suele decir que se ha aumentado. Y sí, pero en menor medida de lo que han crecido los activos, por lo que en global antes a cada ciudadano le correspondía pagar 5.523 euros por cabeza y ahora tiene que pagar 4.651, una bajada considerable en un periodo de tiempo corto.