pamplona - El Gobierno de Navarra no cierra la puerta a intentar recuperar los 4,9 millones de euros que se dejaron las arcas forales en la contratación en 2008 y 2009, por parte del último Ejecutivo de UPN, de unos productos bancarios complejos denominados Swap y Collar y cuyos elevados intereses pudieron perjudicar a Navarra. Es una reclamación que reiteradamente ha ido formulando Laura Pérez, parlamentaria del grupo de Podemos-Orain Bai, y que ayer Barkos recogió para dejar claro que el Ejecutivo foral “tiene que cumplir los compromisos derivados de esos contratos”. Y eso teniendo en cuenta que “se pueden cuestionar esas operaciones cerradas por anteriores Gobiernos”, aunque eso no las haga directamente “ilegales”.
“Es poco factible que un tribunal considere que un Gobierno no es consciente de qué está haciendo cuando adquiere un producto financiero complejo”, razonó Barkos. Pero al mismo tiempo apuntó que “si en cualquier caso existen sentencias o pruebas que abran otra vía, este Gobierno no tiene inconveniente en explorarlas”.
dinero para la demanda Se da la circunstancia de que en los últimos Presupuestos de 2019 el cuatripartito aprobó una enmienda parcial para dotar de 10.000 euros a un fondo para iniciar una demanda contra la Can, a fin de tratar de recuperar los 4,9 millones de euros que Pérez estima que se fueron con esos productos. - D.N.
4,9
millones. Es la cifra que Pérez cree que perdió Navarra en la contratación de ambos productos bancarios por parte del Gobierno de UPN en 2008/2009.
barkos “Si hay pruebas que abren otra vía, no hay inconveniente en explorarlas”
