pamplona - La reforma del mapa local no sólo supone dar el primer paso hacia la modernización de las instituciones más cercanas a los ciudadanos. También despeja el camino, con los 26 votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, a una reforma necesaria y reclamada por las entidades locales, y que UPN y PSN habían convertido en una patata caliente que se pasaban legislatura tras legislatura. Con 272 municipios y cerca de 347 concejos, Navarra es uno de los territorios con una administración local más fragmentada. Más de 60 mancomunidades y una genuina pluralidad política y geográfica (desde el Ebro a los Pirineos) convertían la reforma del mapa local en una lucha por deshebrar una maraña burocrática que no todos los gobiernos quisieron encarar. Sólo ahora, tras tres años de trabajo del departamento de Desarrollo Rural con aportaciones de todas las entidades que lo han querido, se ha alcanzado un primer texto -que cuenta con el apoyo del 61% de la asamblea de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC)- a través del que se amparará el nuevo sistema de doce comarcas con el que se persigue una mayor eficiencia reclamada por las entidades desde hace dos décadas.

Ya en 1999 la Cámara de Comptos reclamaba una reorganización urgente del mapa local. El órgano fiscalizador veía necesaria una racionalización del sector, redefinir el mapa, reestructurar servicios y solucionar la situación de los secretarios e interventores. Pero no fue hasta la legislatura siguiente, con el Gobierno de UPN y CDN (2003-2007), cuando se retoma el tema, aunque el Ejecutivo no parecía tener demasiado interés en desarrollar la reforma pese a su mayoría absoluta. El PSN pedía en 2006, por boca de Carlos Chivite (por aquel entonces secretario general del PSN; falleció en 2008) que se empezase a redactar el “libro blanco” que necesitaba la administración, y que pasaba por reorganizar el mapa local porque “no podía ser que hubiese tantas mancomunidades con diferentes funciones”. No se hizo nada y a finales de ese año Alberto Catalán, secretario general de UPN y consejero de Administración Local, aseguraba en un encuentro del partido con alcaldes que era necesaria una reforma. Pero ahí quedó todo, en declaraciones más o menos bienintencionadas y pocos pasos en la práctica.

plazos irreales Terminó aquella legislatura en 2007 y, tras las elecciones que propiciaron una reedición del Gobierno UPN-CDN, la posibilidad de acometer por fin una reforma pareció más cerca. Amelia Salanueva (hoy fichaje del PP de Beltrán) asumió la cartera de Administración Local con la firme intención de “afrontar la reorganización del mapa local sin complejos”. “Alguien tiene que dar el primero paso y yo voy a intentarlo”, decía, firme, en una entrevista a este periódico en abril de 2008. La cosa empezó bien: se encargó un informe, se trabajó en comisiones, hubo reuniones. Pero terminó como hasta entonces: en nada. La reforma se fue enquistando en el seno de un Gobierno de UPN que en 2009 se quitó de encima al CDN; las alarmas de la crisis ya parpadeaban en el horizonte; y por si fuera poco los plazos de debate parlamentario y con agentes locales se prolongaron un año más de lo previsto. La ponencia parlamentaria dio la puntilla al proyecto -se hablaba de ver resultados en 2012, quizá en 2014-, haciendo bueno ese aforismo parlamentario de que si quieres enterrar un tema, crea una ponencia.

Lo que pasa es que nada más empezar la legislatura siguiente se retomó el proyecto. Con UPN y PSN en pleno apogeo de la teoría del quesito, en mayo de 2012 Roberto Jiménez pone encima de la mesa una propuesta a lo bestia: supresión de los concejos, creación de distritos, ocho mancomunidades y un único ente para Pamplona y la Comarca con, entre otros, policía compartida. La iniciativa puso en pie de guerra a los concejos, que llegaron a tildar el movimiento de “despropósito” y advirtieron al PSN de que habían abierto “la caja de Pandora”. La crisis, sin embargo, terminó antes de que pudiese desatarse: UPN echó del Gobierno al PSN un mes después.

el mundo local, en contra Pero tampoco corrió mucha mejor suerte Javier Esparza, actual presidente de UPN y sucesor de Jiménez en la cartera de Administración Local. La de Esparza fue una reforma a contrarreloj (se temía que la que estaba poniendo en marcha el PP en todo el Estado tuviese efectos incontrolables en Navarra), sin consenso y presentada desde un Ejecutivo en minoría (ningún partido apoyó la reforma) que quería ahorrar. También planteaba cambios drásticos a espaldas de las entidades locales. ¿Resultado? 300 alcaldes se opusieron en una asamblea municipalista que incluso forzó a la FNMC a organizar una sesión extraordinaria. “Se está haciendo en los despachos, de espaldas a la realidad”, criticaban algunos representantes de concejos. Hubo ruido y, ¿qué se hizo? Una ponencia, donde UPN se apoyó en el PSN. Dio un poco igual, porque el resultado de esos trabajos tampoco gustó. Se reculó en la eliminación de concejos, pero se les dejó casi sin competencias y los alcaldes volvieron a reaccionar: en marzo de 2014, cargos municipales llevaron al Parlamento más de 900 firmas de protesta contra la reforma del mapa local.

Después llegó mayo de 2015 y el vuelco histórico en las urnas. Ya cuando Isabel Elizalde asumió la cartera de Desarrollo Rural y Xabi Lasa la dirección general de Administración Local se empezó a trabajar en la reforma del mapa, con un proceso participativo inédito. Eso, junto con la voluntad del cambio, ha hecho posible cortar la serie de legislaturas en la que ningún gobierno fue capaz de terminar con una tarea pendiente desde décadas.