pamplona - La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 10.521.351 euros el montante total de los presuntos sobornos investigados en la operación Erial, la causa en la que se investiga al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y calcula que, de los hechos examinados, el grupo Sedesa, vinculado a la familia Cotino, habría obtenido ingresos por más de 86,5 millones de euros con ocasión de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano tras su adjudicación.
Eduardo Zaplana y al menos dos de sus supuestos testaferros cobraron mordidas por adjudicaciones públicas que pudieron alcanzar los 10,5 millones de euros, según concluyen los investigadores del caso.
La UCO sitúa a Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de la red corrupta que “se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles”.
Asimismo, los investigadores creen que Zaplana es actualmente beneficiario de bienes y fondos que tienen su origen en los pagos de varias mercantiles del grupo Sedesa, entre otras, a empresas radicadas en Luxemburgo tras ser beneficiarias de las adjudicaciones con ocasión de la concesión de la explotación administrativa de uno de los lotes de la ITV y de los parques eólicos de la Comunitat valenciana.
adjudicaciones amañadas Según consta en el citado sumario, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351 euros. Unos 6,5 millones de esta cantidad están bloqueados por el juez que investiga el caso y que permitió la semana pasada que Zaplana, aquejado de leucemia, abandonara la cárcel tras tener casi concluida la investigación. Parte de estos sobornos fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.
Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.
La sociedad Imision Internacional es una firma radicada en Luxemburgo y controlada por Beatriz García Paesa, aunque fue participada posteriormente por Joaquín Barceló, supuesto testaferro de Zaplana (según detalla el fiscal en varios de sus escritos), mientras que Fénix Investments es una sociedad igualmente ubicada en Luxemburgo pero propiedad de Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación de las ITV.
Tanto Imision como Fénix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día (el 16 de mayo de 2001) con idénticos administradores fiduciarios.
Finalmente, el grupo Sedesa abonó cerca de 8,5 millones de euros a las citadas firmas en el extranjero en concepto, supuestamente, de comisiones y sobornos.
los cotino lograron 86 millones En contraprestación, el grupo de los Cotino obtuvo por la actividad empresarial derivada de las supuestos sobornos, unos beneficios de 86,6 millones de euros, según Anticorrupción, con lo que las “mordidas” pudieron suponer el 10 % del negocio total.
En la investigación se ha concluido que Imision no ha retornado todos sus fondos a España, ya que de 6,4 millones de euros únicamente se ha acreditado el retorno a España de 2,9, a través de una entramado de sociedades (Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Intergales y Turnis Sylvatica). En el caso de Fénix, propiedad de Juan Francisco García, en el sumario se detalla que fue liquidada en 2012 y que sus participaciones, valoradas en 2,3 millones de euros, retornaron a España al acogerse su propietario a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Rajoy.
De los movimientos bancarios intervenidos, en combinación con las vigilancias y escuchas practicadas, lo investigadores infieren que Zaplana fue propietario encubierto de un piso en el número 108 de la calle Núñez de Balboa de Madrid, recientemente vendido a través de la sociedad Costera del Glorio.
La Guardia Civil ha puesto punto final con sus investigaciones a la supuesta red corrupta que actuó en la Comunitat Valenciana bajo el liderazgo de Zaplana desde 1997 y que pudo obtener hasta 10,5 millones mediante el cobro de comisiones por adjudicaciones públicas. El Gobierno valenciano de Zaplana privatizó el sector de las ITV en 1997 (en cinco lotes diferentes) y posteriormente puso en práctica políticas que permitieron que, entre el año 2000 y 2003 la familia Cotino aumentase sus tarifas de 18 a 46 euros, hasta convertirse en las más caras del Estado. - D.N.
Reembolso en varios años. Los investigadores creen que Zaplana ha ido recibiendo estos últimos años “fondos procedentes de las presuntas comisiones ilegales” -que abonaron las empresas adjudicatarias a través de pagos en el extranjero- a través de entregas dinerarias, a través de facturación falsa, compra de terrenos o en especie, con pisos, coches o un yate que disfrutó el exministro.
Luxemburgo y Uruguay. La luxemburguesa Imison participó de otra socieda de Barceló (MedLevante) hasta 2014, cuando la participación se dividió en dos firmas uruguayas (Misnely y Disfey).
3,5 millones por repatriar. Los investigadores creen que quedan fondos por repatriar a España (unos 3,5 millones) ocultos en Uruguay o Andorra.
