pamplona - La Fiscalía Anticorrupción de la Comunidad de Murcia pide una pena que suma cuatro años y seis meses de prisión y el pago de seis millones de euros de multa para el expresidente del Gobierno murciano y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, por el denominado caso Auditorio.
La Fiscalía atribuye a Sánchez un delito de prevaricación continuada, un delito de fraude de subvenciones y un delito de fraude y prevaricación en la aprobación del proyecto modificado.
Cabe recordar que esta investigación, que comenzó en 2015 y que ha desarrollado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, indaga en presuntas irregularidades cometidas en el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de dicha localidad.
En concreto, el Fiscal pide para Sánchez la pena de 10 años y 1 día de inhabilitación especial para empleo o cargo público y obtener durante el plazo de la condena cualquier cargo o empleo público, sea o no electivo, en el ámbito municipal, autonómico y estatal por el delito de prevaricación continuada.
Por el delito de fraude de subvenciones, el Fiscal pide para el exalcalde la pena de dos años de prisión y multa de seis millones de euros (con 6 meses de prisión en caso de impago de la multa), y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante cuatro años.
Asimismo, por el delito de fraude y prevaricación en la aprobación del Proyecto Modificado, el Fiscal sostiene que procede imponer a Sánchez la pena de dos años y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y de la posibilidad de contratar con la Administración Pública.
En su relato, el fiscal señala que en 2005 Pedro Antonio Sánchez encargó de forma verbal a este arquitecto el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras sin cumplir los requisitos que marca la ley y para crear una apariencia de legalidad convocó después un concurso de ideas.
Acusa asimismo a la exsecretaria accidental del consistorio, ya que se encontraba en aquel momento en funciones, Caridad García, de prevaricación y al representante legal de la empresa que realizó las obras, Vicente Gimeno, de fraude, y solicita para cada uno de ellos 2 años y tres meses de cárcel.
El escrito de acusación detalla que el inmueble para el que la comunidad autónoma de Murcia concedió una subvención de 6 millones de euros fue recepcionado por el ayuntamiento, pese a que solo estaba construido el 61% de la obra.
Por ello que la acusación estatal pide que se declare la nulidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del ayuntamiento de la localidad en septiembre de 2010 por el que se aprobó el proyecto modificado de las obras, que se realizó para dar la apariencia de que éstas estaban realizadas en su totalidad. - E.P./Efe
