pamplona - Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, desmontó ayer en el Tribunal Supremo la teoría política y judicial del Estado español de que el 20-S hubo violencia frente a la conselleria de Economía. “Soy un preso político en un juicio político” que se enfrenta a un delito de rebelión “absolutamente falso”. Fue la frase de cabecera del primer representante de la sociedad civil en ser juzgado por un hecho de estas características cuando “no hubo ni un lanzamiento de objetos que dañara a un agente policial”, valoró Sànchez, para quien “se ha intentado generar un falso relato de que hubo un intento continuado de asalto”.
En un interrogatorio presidido por la tensión ante las preguntas incisivas del fiscal Javier Zaragoza -en tanto que el episodio de aquella jornada días antes del referéndum es clave para tipificar si existió rebelión-, el dirigente de JxCat admitió que pudo haber hasta siete coches de los agentes destrozados, aunque no haya imágenes de ello. “Mi idea es que esos daños existen y los condene entonces, como siempre he condenado la violencia, porque fue una torpeza política, pero no se produjeron por un alzamiento puntual. Fueron algunos manifestantes”, explicó Sànchez, recordando que en ese momento y con la realización del pasillo para que pasara la comisión judicial se produjeron lances de nervios. “Pero no hubo en ningún momento bloqueo de la puerta, agresiones o lanzamiento de objetos” y “la única carga de los Mossos fue hacia la una y media de la madrugada”, ilustró. Durante su larga pugna dialéctica, Sànchez se preguntó cómo podía apartar a la gente concentrada y el fiscal le respondió irónico: “En su caso parece muy fácil, cogiendo el megáfono”.
Según el Ministerio Público, fue la entonces secretaria general de ERC Marta Rovira quien le avisó del operativo. El exlíder de la ANC explicó que se llamó a “defender las instituciones pacíficamente”, algo que él hizo enviando una serie de tuits ante la actuación del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ya que “una decisión judicial tiene que ser respetada, pero no le exime de ser protestada”.
Sànchez relató que, después de que el exconseller Joaquim Forn le conminara a ayudar en materia de orden, llegó a la conselleria y había ya centenares de personas, y es que la “movilización nos sorprendió a todos por su gran respuesta”. Al comunicar que íbamos a realizar esa concentración hicimos una previsión de 2.000 personas, pero mi sorpresa es que quien nos acusa pone más manifestantes, habla de 60.000”. A su juicio, fue la propia Guardia Civil quien le comunicó que en los coches “sin vigilancia inmediata” había armas largas. “Ese fue mi momento de tensión e informé de ello al mayor Josep Lluís Trapero”, imputado en la Audiencia Nacional. “No hay que confundir servicios de orden con orden público”, en referencia a que esto último depende de los Mossos y la Guardia Civil, aseguró a preguntas del fiscal, para justificar que él no tuviera que ocuparse de lo de los vehículos. “Hubo un escenario con música y artistas y era un elemento festivo por parte de la mayoría de personas”, insistió pidiendo al tribunal que vea las imágenes de televisión.
Sànchez matizó que cuando Trapero le solicitó abrir un pasillo para que accedieran los detenidos en los registros le puso “todas las facilidades”. El teniente del Instituto Armado consideró que “no era seguro y nos requirió que desplazáramos a las personas que protestaban de la parte central”.
En su versión cronológica, Sànchez admitió que a las ocho de la tarde pidió “que nadie se vaya a casa porque será una noche larga e intensa”, justificado en que el teniente de la Guardia Civil le dijo que a la comisión judicial le quedaba “para rato. Un teniente me informó de la existencia de armas en uno de los vehículos. Dije que haríamos lo que estaba en nuestras manos, pero que no era mi responsabilidad protegerlas”. Fue al filo de la medianoche cuando se subió a un vehículo y promovió la desconvocatoria, porque “a lo largo de las siguientes horas la comitiva judicial iba a finalizar”. Y aquí llegó una de las claves. El dirigente soberanista apostilló que no pidió permiso expreso para subir al coche, pero “se lo comuniqué” al teniente y este le respondió: “Pues hágalo. Suba, suba”. Ahí llamaron a desconvocar la movilización.
vídeos de las cargas “Yo no soy Govern de la Generalitat y no tenía responsabilidad en ningún cargo público. No podrá demostrar mi culpabilidad de lo que se me acusa”, espetó Sànchez al fiscal Zaragoza. En los vídeos cortos proyectados a petición de la defensa, donde se apreciaron por primera vez las cargas policiales durante el referéndum del 1-O, y en varias fotografías, quedó demostrado el alegato del líder soberanista. Previamente, a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, cuestionó: “¿Dónde hay mayor eficacia, en los 400 colegios cerrados por Mossos o en los 100 por parte de Guardia Civil y Policía?”.
buscaba impedir la mesa de partidos
Perseguía “rédito electoral”. El Pleno del Congreso rechazó ayer una moción del PP en la que se pedía al Gobierno de Pedro Sánchez la aplicación en Catalunya del artículo 155 de la Constitución para destituir a Quim Torra, y con la que también se pretendía cerrar la puerta a cualquier opción de constituir una mesa de diálogo con las formaciones independentistas al margen de las instituciones y en la que se hable de autodeterminación, “con o sin relator”. En la votación, la moción del PP fue respaldada por sus socios electorales de UPN, Foro Asturias y Ciudadanos, sumando 164 votos, mientras que el resto de formaciones, con 170 diputados, se posicionó en contra: PSOE, Unidos Podemos, PNV, Compromís, CC, NC, ERC, PDeCAT y EH Bildu, el mayoritario bloque de la moción de censura. Estos últimos coincidieron en criticar al PP por plantear iniciativas para buscar rédito electoral sin aportar soluciones.
