Navarra admite que la investigación de los bienes inmatriculados por la Iglesia durará años: hay 921 posesiones por investigar

Aierdi ha explicado con detalle que esta actuación tiene su origen en una resolución parlamentaria aprobada en 2021, que instó al Ejecutivo a elaborar un inventario de los bienes inmatriculados por la Iglesia desde finales del siglo XIX. Ese primer listado, ha precisado, incluía todos los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad, con independencia de que fueran comunales o no, lo que obligó a poner en marcha una segunda fase de análisis “mucho más minuciosa y laboriosa”. Se trataba, según ha indicado, de depurar la información, estudiar cada caso y determinar si existían indicios suficientes de que determinados inmuebles formaban parte históricamente del patrimonio comunal.

Tras valorar distintas alternativas, el Gobierno optó por firmar un convenio con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), al entender que la competencia en esta materia corresponde a las entidades locales. “Son los ayuntamientos y concejos quienes conocen mejor la realidad histórica de sus pueblos y quienes deben decidir qué hacer con esos bienes”, ha subrayado el consejero. En ese marco, durante 2025 se han investigado 174 bienes pertenecientes a 26 entidades locales, una cifra que Aierdi ha calificado de significativa, pero claramente insuficiente si se tiene en cuenta que el listado total asciende a 921 bienes susceptibles de investigación.

El consejero ha insistido en varias ocasiones en que el proceso será largo. “Estamos hablando de un trabajo que nos va a ocupar durante años”, ha señalado, al tiempo que ha explicado que la metodología aplicada se basa, fundamentalmente, en una exhaustiva recopilación de documentación pueblo a pueblo, revisando archivos municipales, parroquiales, notariales y registrales. En la actualidad, 152 entidades locales —75 ayuntamientos y 77 concejos— se han sumado al proceso, lo que para Aierdi demuestra que existe un interés real y creciente por parte del ámbito local en esclarecer esta cuestión.

La decisión, en manos de las entidades locales

Aierdi ha anunciado además que el pasado 20 de noviembre se remitió a todas las entidades implicadas la información recabada hasta la fecha y que a lo largo del mes de enero el Gobierno mantendrá reuniones con ellas para definir los siguientes pasos. En este punto, ha detallado que el trabajo deberá avanzar en dos direcciones paralelas: por un lado, continuar con el análisis de los bienes que todavía no han podido ser estudiados; y, por otro, iniciar ya acciones concretas de reclamación en aquellos casos en los que existan “evidencias y pruebas suficientes” del carácter comunal de los bienes.

El consejero ha querido dejar claro que el Ejecutivo foral no pretende imponer decisiones. “Nuestra actitud es de colaboración, acompañamiento y asesoramiento”, ha afirmado, subrayando que serán las entidades locales las que deberán decidir si emprenden o no acciones judiciales. En ese sentido, ha recaklcado que el Gobierno respetará las decisiones municipales y ofrecerá apoyo técnico y jurídico cuando así se solicite.

Aierdi ha rechazado de forma tajante que esta investigación suponga un ataque a la Iglesia católica, ha defendido que las inmatriculaciones fueron un proceso “singular, aunque no ilegal en aquel momento”, y ha reiterado que el objetivo no es cuestionar creencias ni abrir una causa general contra la institución eclesiástica, sino “recuperar aquellos bienes que consideramos que forman parte del común de la ciudadanía”. A su juicio, esta iniciativa está estrechamente vinculada a la defensa del patrimonio comunal, al desarrollo del medio rural y a la memoria colectiva de muchos pueblos navarros.

En su intervención, el consejero también ha adelantado algunas conclusiones preliminares del informe elaborado hasta ahora: existen casos claros en los que bienes que constaban como comunales o de uso público fueron posteriormente inmatriculados por la Iglesia, aunque ha reconocido que en muchos expedientes la falta de documentación histórica dificulta acreditar de forma concluyente la titularidad. Asimismo, ha indicado que la mayor concentración de bienes investigados se localiza en la mitad norte de Navarra y en Tierra Estella.

La mayoría progresista pide recuperar lo inmatriculado

En el turno de los grupos, desde el PSN, Carlos Mena, proponente de la interpelación, ha valorado “muy positivamente” el trabajo realizado por el Gobierno y ha defendido que las administraciones públicas tienen la obligación de proteger los bienes comunales. “Los comunales no se defienden solos”, ha afirmado, insistiendo en que esta cuestión no va contra nadie ni contra ninguna confesión religiosa, sino que responde a un principio democrático: recuperar lo que es de todos. Mena ha animado además a que la Iglesia forme parte del proceso y colabore en la clarificación de la titularidad de los bienes.

Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha considerado que los primeros resultados de la investigación son importantes, pero ha coincidido con Aierdi en que el trabajo “no ha hecho más que empezar”. Ha destacado que se ha abierto un camino, se ha probado una metodología y se ha demostrado que la colaboración entre el Gobierno, la FNMC y las entidades locales funciona. Según ha señalado, el objetivo ahora debe ser seguir avanzando y desde su formación se comprometen a impulsar este proceso desde el ámbito municipal.

Javier Ollo, de Geroa Bai, ha subrayado que el trabajo desarrollado a través del convenio con la FNMC es solo el principio de un camino largo, pero lo ha calificado de herramienta fundamental para los ayuntamientos y concejos. Ha animado a que más entidades locales se adhieran al convenio y señaló que muchas inmatriculaciones se realizaron con un notable grado de opacidad, hasta el punto de que en algunos casos ni las propias parroquias de los municipios eran conscientes de ellas.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha defendido que para un Gobierno progresista la protección del patrimonio comunal debe ser una prioridad y ha reivindicado que los bienes comunales han sido históricamente construidos, financiados y mantenidos por los pueblos, y que es obligación de todas las administraciones defender su carácter público. Ha recordado, asimismo, el séptimo mandamiento de la Biblia, “no robarás”, para subrayar su rechazo a las inmatriculaciones y su apuesta por devolver estos bienes a la ciudadanía.

La derecha defiende el expolio

Por parte de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha sostenido que las inmatriculaciones se realizaron mediante un procedimiento legal y válido, y que en la mayoría de los casos obedecen a una lógica clara, ya que se trata de lugares de culto católico vinculados por su uso a la Iglesia, ha dicho. Ha admitido la posibilidad de que haya existido alguna inscripción indebida, pero ha recalcado que, en ese supuesto, la vía adecuada es la Acción Declarativa de Dominio y que debe ser un juez quien determine si una inscripción es errónea. También ha rechazado que este asunto se utilice para abrir una causa general contra la Iglesia.

Desde el PP, Irene Royo ha mostado su rechazo frontal a este tipo de iniciativas, al considerar que pretenden socavar la convivencia y confrontar con la Iglesia católica, y desviar la atención de otros problemas, como los casos de corrupción. Ha defendido que las inmatriculaciones realizadas al amparo de la legislación hipotecaria vigente en su momento son válidas y no deben anularse de forma retroactiva, advirtiendo de que hacerlo supondría un grave precedente jurídico y una quiebra de la seguridad jurídica del sistema registral.

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha calificado el debate como una “cortina de humo” y ha acusado a los socialistas de utilizar esta cuestión para desviar la atención de los presuntos casos de corrupción que los rodean.