pamplona - El Gobierno ha rebajado las expectativas sobre la posibilidad de exhumar los restos de Francisco Franco antes de las elecciones generales, aunque insiste en que cumplirá con su promesa si tiene tiempo. El Ejecutivo celebró ayer el penúltimo Consejo de Ministros antes de que Pedro Sánchez firme el decreto de convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, una reunión en la que se aprobaron medidas de relevancia a pesar del poco tiempo que queda para que concluya la legislatura. Sin embargo, no pudo la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, asegurar si en este periodo el Gobierno tendrá tiempo para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos.
Pero sí defendió que el Ejecutivo “ha cumplido” con el mandato del Congreso de poner todo en marcha y llegar hasta el final del procedimiento administrativo. Un procedimiento que ha sido más largo del previsto por “garantista”, según justificó. “Ojalá las víctimas de Franco hubieran tenido las mismas garantías que la familia de Franco”, apostilló Celaá. Y admitió que lo que se prolongue este proceso va a depender también en última instancia de lo que decida el Tribunal Supremo si, como se prevé, la familia de Franco recurre la exhumación. Fuentes del Gobierno insistieron en que no se van a forzar los plazos para que la exhumación sea una realidad antes de las elecciones, y remarcaron que ahora todo va a depender del Supremo si hay recurso.
Otras fuentes explicaron de forma no oficial que el Gobierno quiere “tirar para adelante” con la exhumación de Franco aunque la familia recurra y realizar la operación antes de que comience la campaña electoral el próximo 12 de abril como un golpe de efecto o incluso “después” de las elecciones del 28-A con Pedro Sánchez como presidente interino. En el Ejecutivo hay quien está convencido de que el Tribunal Supremo no paralizará el procedimiento con la imposición de medidas cautelares porque atenderá a los informes técnicos y jurídicos aportados por el Gobierno en la defensa del cumplimento de la Ley de Memoria Histórica.
Por lo demás, Isabel Celaá volvió a recurrir a su exposición previa en la rueda de prensa del Consejo para hacer un balance político de la semana y de nuevo criticó a la oposición, en este caso al denunciar el “muro de enfrentamiento” levantado por los demás partidos y su empeño en “intoxicar” con “crispación y falsedad”. Lamentó también la “bronquedad y las insidias” que en su opinión han “ensuciado” los debates en el Congreso y el Senado esta semana.
“Ha prevalecido el insulto sobre la dialéctica”, dijo Celaá. Y en línea con el discurso que está haciendo Pedro Sánchez estos días, apelando a la moderación de su Gobierno, contrapuso la actitud beligerante de la oposición con la “sensatez” aportada por el Ejecutivo.
Pero además Celaá recurrió a los desahucios ejecutados ayer en el barrio madrileño de Lavapiés para denunciar que la oposición no convalidase el decreto sobre el alquiler. Según aseguró, si el decreto hubiese salido adelante habrían sido “imposibles” las imágenes de ayer.
Sobre las medidas que quedan por aprobar antes de la convocatoria electoral, Celaá no dio detalles pero insistió en que éste es un Gobierno “muy serio” que no hará nada, prometió, “que se salga de la norma”. También defendió que se sigan acometiendo medidas como las transferencias a las comunidades autónomas. Y señaló que es habitual que los ministerios transfieran partidas a las comunidades para que puedan seguir funcionando. “Que no se preocupe nadie, porque este Gobierno, que piensa continuar, va a hacer las cosas como tiene que hacerlas”, apostilló Celaá, quien previamente ya advirtió de que el Ejecutivo “no cierra” y seguirá tomando medidas.
Todo tras un Consejo que dio el visto bueno al Plan Nacional integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Transición Justa y el anteproyecto de Ley del Cambio Climático y la Transición Energética, que ahora se someten a información pública. Aunque el anteproyecto no llegará a aprobarse porque no da tiempo con el fin de la legislatura, si se aprobarán la estrategia y el Plan, que España remitirá a la Comisión Europea.
La Comisión solo exige el plan, y desde el Ministerio confían en que quede ratificado por Europa, lo que obligaría al siguiente Ejecutivo a cumplirlo. En cuanto a la ley y la estrategia, el Ministerio las ha elaborado para dar un marco normativo al plan, en el caso de la ley, y a evitar la pérdida de empleo durante la transición, como se pretende con la estrategia. - D.N.
El Post-it
Las cuentas de los monjes. Patrimonio Nacional ha pedido a la Abadía del Valle de los Caídos que presente un “presupuesto equilibrado, fundamentado y veraz” para poder recibir la subvención anual de 340.000 euros que le corresponde. El Valle de los Caídos está administrado de forma temporal desde 1982 por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y los monjes tienen cedido el lugar en el que se encargan de la Abadía, la Hospedería y la Escolanía.
