pamplona - El juez José Yusty Basterreche otorga para suspender la licencia de la exhumación una gran relevancia al informe técnico realizado a instancias de la Fundación Nacional Francisco Franco por los arquitectos José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey, que advertían de que las obras concebidas “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. El magistrado da validez a los argumentos de la parte demandante, Leonardo Falcó Rodríguez y el procurador Javier Campal Crespo, a quien el Gobierno identifica en el entorno de la familia Franco, que aporta el informe técnico de la fundación en el que los arquitectos defienden que las obras proyectadas por el Gobierno en la basílica del Valle de los Caídos -con un coste cifrado en 3.738,90 euros- son “ilegales” por “atentar frontalmente” contra la protección del edificio, en un intento de frenar una decisión que el Gobierno ya ha adoptado.

Según la fundación, los trabajos para retirar el cadáver embalsamado de Franco tratan de amparar unas “obras mayores” haciéndolas pasar como menores que incumplen las Normas Subsidiarias de San Lorenzo del Escorial (Madrid). El informe advierte de que las obras concebidas “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”, un argumento al que agarra el juez para suspender la licencia.

Yusty Basterreche se hizo famoso al suspender un acto sobre el derecho a decidir en Madrid en 2017. Anteriormente había escrito un artículo académico criticando la ley de Memoria Histórica en el que atribuía al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero objetivos ocultos para redactar la norma: “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”, redactó. El texto decía que la norma “representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron”. Es también el mismo juez que en 2017 prohibió un acto previsto a favor del referéndum del 1-O en un local municipal de Madrid y planteó que la libertad de expresión se puede ejercer en cines, teatros o en la calle y plazas, pero no en un espacio cedido por el Ayuntamiento.

El magistrado es uno de los ocho hijos que tuvo el almirante de la Armada José Yusty Pita que fue nombrado comandante general de la Base Naval de Canarias el 25 de septiembre de 1968. - D.N.