pamplona - Cuatro años después el Parlamento de Navarra vuelve a consensuar una Ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos desde el 1 de enero de 1950. El texto viene a sustituir a la ley de 2015 que el Tribunal Constitucional anuló en julio del año pasado, y al igual que ocurrió hace cuatro años la derecha se vuelve a oponer a reconocer a todas víctimas. El dictamen de la ley se aprobó ayer en comisión parlamentaria con los votos en contra de UPN y PPN, la abstención del PSN y los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E. De hecho, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero adelantó que su voto “será en contra porque se busca blanquear el relato y equiparar a estas víctimas con las de ETA”. En la misma línea, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, opinó que “se quieren establecer tribunales de justicia paralelos y ser revanchistas contra los cuerpos de seguridad del Estado”.

También es llamativa la abstención de los socialistas, que sí apoyaron la norma en 2015, pero que ahora prefieren mantenerse neutrales ante un texto que es, a todas luces, más garantista con el marco constitucional. De hecho, el nuevo texto subraya el carácter administrativo de sus competencias con la intención de no incurrir en las cuestiones que el Tribunal Constitucional señaló como inconstitucionales y en las que basó su sentencia anulatoria. Es decir, la nueva ley deja claro que no pretende sustituir o asumir funciones correspondientes a los organismos judiciales.

Además, los grupos del cambio asumieron en cinco enmiendas in voce varias solicitudes del PSN para impulsar su apoyo a la ley, pero a pesar de ello los socialistas se abstuvieron. Entre las premisas del PSN se encontraba la solicitud de cambiar el título de la ley y eliminar de su enunciado a los grupos de extrema derecha y a los funcionarios públicos. Una petición que no prosperó y que según la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez era “un intento de blanqueo inadmisible”. “Se quiere vaciar de contenido la ley”, dijo la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz quien, además, subrayo “la cabezonería del PSN con este tema cuando en 2015 no tuvieron problemas con esta cuestión”. “Somos pragmáticos para reconocer a estas víctimas”, añadió Koldo Martínez, portavoz de Geroa Bai, “o nos ponemos estupendos y perdemos cualquier oportunidad de reconocerlas”.

objeto de la ley Así, la proposición de Ley, que irá a pleno para su aprobación definitiva el 21 de marzo, tiene por objeto “promover el reconocimiento y, en su caso, reparación de las víctimas generadas por la acción violenta de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha”, regulando los medios y mecanismos para su reconocimiento. A tal fin, para restaurar las “vulneraciones de derechos humanos” acaecidas en dicho contexto de “violencia de motivación política”, se establece un procedimiento administrativo con el que, “sin menoscabo de los pronunciamientos judiciales”, se pretende corregir el vacío legislativo que se cierne sobre estas víctimas.

novedades En total, ayer se aprobaron 12 de las 26 enmiendas presentadas. Entre las novedades salió adelante, a instancias del PSN, dejar “expresamente excluidas” a las personas que resultaron “fallecidas o heridas por la manipulación de armas o explosivos con propósito terrorista”, incluida la pretensión de “repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad”. La enmienda socialista fue aprobada por UPN y PPN. Geroa Bai se abstuvo porque “es de cajón”, mientras EH Bildu. Podemos-Orain Bai e I-E se posicionaron en contra.

En otro punto, y en la línea de mantener la separación de competencias con los tribunales, el texto especifica que la ley está sujeta a la ausencia de finalidad punitiva y respeta los pronunciamientos judiciales.

Además, cuatripartito y PSN acordaron modificar la composición de la comisión de Reconocimiento y Reparación, siendo miembros natos las personas que ostenten la dirección general en materia de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y la dirección del Instituto Navarro de la Memoria; dos peritos forenses y un psicólogo o psicóloga designados por el Instituto de Medicina Legal; y el resto, cuatro de los miembros, serán elegidos por el Parlamento entre ciudadanos mayores de edad propuestos por los grupos parlamentarios y organizaciones sociales especializadas en Derechos Humanos y Memoria.

Expresamente excluidas. Quedan excluidas de la ley las personas fallecidas por la manipulación de armas o explosivos, incluido el caso de que con dicha manipulación se pretendiera evitar o repeler actuaciones legítimas de las fuerzas de seguridad.

Obligaciones de las víctimas. A petición del PSN se incluye un nuevo capítulo en el que se recogen las obligaciones de las víctimas en lo referido a información y actuaciones de comprobación.