Navarra vuelve a depender del Estado para reinvertir el superávit de 2018

A partir del 15 de abril, y cuando el consejero Mikel Aranburu conozca si la Intervención General del Estado sitúa a Navarra entre las comunidades que en 2018 cumplieron todas sus obligaciones financieras (cumplimiento del objetivo de déficit, límite de deuda y regla de gasto), Navarra podrá volver a solicitar autorización para emplear parte de esos 112 millones en inversiones en virtud del real decreto ley aprobado el viernes pasado por el Consejo de Ministros, y por el que se prorroga la disposición por la que se permite a comunidades y ayuntamientos saneados reinvertir parte de sus superávits. Aún así, y teniendo en cuenta la actitud del Gobierno central a finales del año pasado (cuando el Ejecutivo del PSOE, haciendo seguidismo de las tesis de Cristóbal Montoro, sólo autorizó el gasto de 35 millones de los 113 planteados por Gobierno foral), no está claro que Navarra vaya a poder disponer de sus propios recursos -fruto de la buena gestión del departamento de Hacienda- y en cualquier caso desde el Gobierno asumen que la cifra que podría destinarse a actuaciones (infraestructuras, obras, planes locales, dotación de equipos) será mucho menor que los 35 que sí se autorizaron en 2018, y que se destinaron al Plan de Infraestructuras Locales (PIL) y al plan de banda ancha.

la diputación permanente ¿Por qué Navarra no tiene la garantía de que podrá emplear su superávit de 2018? Porque todavía depende del examen de la Intervención General del Estado, que a mediados de este mes comunicará si Navarra es una de las comunidades que cumple todos sus compromisos financieros y, por tanto, puede acometer inversiones sostenibles. En caso afirmativo, Navarra tendría que volver a solicitar una autorización expresa al Ministerio de Hacienda mientras cuadra todas las cifras y define el plan económico que articulará las inversiones. Y al margen de todas las incertidumbres, sí que desde el departamento dan por hecho que la cifra autorizada será sensiblemente menor a la del año pasado, que se quedó en 35 millones.

No obstante, todo está muy verde, y desde el departamento no quieren generar falsas expectativas. Incluso es posible que el Ministerio considere que Navarra no cumple con la regla de gasto, y por tanto quede fuera del elenco de comunidades con derecho a inversiones financieramente sostenibles. De momento, y tal y como ha expresado el propio consejero Aranburu, los cálculos de la Hacienda apuntan a un cumplimiento de todos los requisitos. Pero los del Estado podrían ser diferentes, y entonces el panorama sería sensiblemente distinto. Se especula, incluso, con la posibilidad de que el Estado impute a las comunidades parte de la deuda de Bankia, algo que podría descuadrar el déficit. En cualquier caso, y como dijo Aranburu, “primero hay que hacer los números” y esperar a la respuesta de la Intervención

El real decreto ley, además, llega un poco tarde. Con el Parlamento de Navarra ya disuelto, el Gobierno de foral tendría que explorar una vía alternativa para aprobar las inversiones financieramente sostenibles. Lo más probable, a día de hoy, sería que el Ejecutivo de Barkos aprobase un decreto foral legislativo y que luego la comisión permanente del Parlamento lo ratificase.

¿Qué pasa con el de 2017? Los 112 millones de superávit de 2018 no tienen nada que ver con los 230 millones de 2017. Ese año, la buena negociación del Convenio permitió hacer un ejercicio extraordinario, y hasta 113 millones se plantearon para inversiones financieramente sostenibles aunque al final el PSOE sólo autorizó 35. El resto del dinero se ha empleado en amortizar deuda y se ha canalizado por otras vías ordinarias, sin que afecte a la cifra de 2018.