pamplona - Un día después de que la Audiencia Nacional fijara para el 16 de septiembre el inicio del macrojuicio que sentará en el banquillo a 47 personas que trabajaron por la defensa de los derechos legales de los presos vascos, los encausados hicieron público ayer un comunicado en el que subrayan que su trabajo fue “totalmente público”, al tiempo que anuncian que no permancerán “inmóviles”.
Coincidiendo con el arranque de la campaña electoral, se ha conocido la fecha a partir de la cual se juzgará la que será la última causa que emana de la teoría de ‘todo es ETA’ y que en esta ocasión afecta a lo que desde instancias judiciales se denominó el frente de cárceles. Un proceso abierto hace seis años contra abogados y otras personas vinculadas a organizaciones como Herrira y Jaiki Hadi. Todas ellas fueron detenidas entre 2013 y 2015 en las operaciones bautizadas como Jaque, Mate y Pastor, y que conforman el sumario 11/13. Los encausados, que durante todo este tiempo han tenido la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial y han vivido con la prohibición de salir del Estado español, se enfrentan a penas de prisión de hasta 20 años y medio.
Está previsto que el juicio celebre unas 20 sesiones y no finalice antes del 28 de noviembre.
trabajar por una “causa justa” “No vamos a negar que estamos ante una dura situación”, dicen los encausados, quienes no ven motivo alguno para ser juzgados.
Explican que su trabajo ha consistido en “organizar movilizaciones en favor de los derechos de los presos políticos vascos, cuidar su salud, defenderlos en juzgados, realizar intermediación”, además de organizarse “para hacer frente a la dispersión”. Una labor, subrayan, que “ha sido totalmente pública”, que básicamente consistió en “revindicar los derechos humanos”.
“En todo momento hemos obrado bajo nuestros principios éticos y políticos”, añaden los procesados, que consideran que estamos ante una causa judicial “nacida en las cloacas del Estado”, que califican de “aberración jurídica y social”.
Recuerdan que sus esfuerzos han ido encaminados a “que los derechos de los presos sean respetados para consolidar de una vez una situación de paz y justicia en Euskal Herria”.
Observan una “involución” a nivel mundial, como lo prueba el hecho de que “son innumerables las violaciones de derechos”, y citan el caso Altsasu y los sucesos de Catalunya como “muestra del alcance de la regresión y persecución”.
En este escenario, avanzan que no permanecerán inmóviles, y confían en recorrer este camino “con el resto de la ciudadanía”, ya que es “la garantía más efectiva para avanzar hacia la justicia”.
12 navarros Entre los 47 procesados hay 12 navarros. Son los intermediarios Asier Aranguren y Mikel Almandoz; los miembros de Herrira Jon Garai, Sergio Labayen, Imanol Karrera, Eneko Villegas, Fran Balda y Nagore San Martín; las abogadas Amaia Izko y Jaione Carrera; y la psicóloga Ohiane Barrios y Fernando Arburua, miembros de la asociación Jaiki Hadi, que vela por la salud de los presos. - J.E.
50 años por secuestrar a una familia
Gorka Lupiañez. La Audiencia Nacional ha condenado a 50 años de prisión al miembro de ETA Gorka Joseba Lupiañez Mintegi por participar en el secuestro de una familia española en Francia, una pareja y su hijo de 4 años, y robar su autocaravana. El vehículo fue usado para atentar contra una torre de red eléctrica de Castellón en 2007. Lupiañez ha sido condenado a 7 años por robo con intimidación, a 36 años por tres delitos de detención ilegal y a otros 7 por tenencia de explosivos. Los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2007 en la costa atlántica de Francia y la familia, que fue traslada a Gurs, estuvo atada a una cama hasta el 26. - Efe
