pamplona - La investigación de la operación Kitchen, pieza separada del caso Villarejo que analiza el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, ha dado un salto cualitativo, según los investigadores. La supuesta responsabilidad por los hechos ya no se circunscribe al entramado policial que ejecutó la operación de espionaje a Bárcenas para destruir pruebas que perjudicasen al PP, sino que puede alcanzar a la cúpula del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y en concreto a su mano derecha, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

El comisario de la Policía Nacional Enrique García Castaño aseguró al juez que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, que Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad con el exministro Jorge Fernández Díaz, fue quien le dio la orden de investigar al extesorero del PP Luis Bárcenas en el dispositivo luego conocido como operación Kitchen, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Este operativo policial se investiga en la séptima pieza de la macro causa sobre las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2017 investigado por liderar durante años un clan “parapolicial” mafioso.

La operación Kitchen fue un dispositivo policial montado en 2013 y financiado con fondos reservados para investigar a Bárcenas y para el cual se contrató al que fuera el chófer del extesorero, Sergio Ríos, con el objetivo de sustraerle documentación sensible del partido que obraba en su poder.

Hasta el momento, ocho policías están imputados en esta séptima pieza: además de Villarejo y García Castaño, el juez investiga al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, el que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, el comisario Andrés Gómez Gordo, y el exchófer, quien ingresó en el cuerpo después del operativo.

primero, pino Hasta ahora los investigados habían establecido un cortafuegos en el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. García Castaño, quien en 2013 dirigía la Unidad Central Adjunta Operativa (UCAO) de la Policía Nacional, declaró por primera vez sobre la operación Kitchen el pasado mes de enero y en ese momento dijo que fue Pino quien le encargó investigar a Luis Bárcenas.

Sin embargo, después ha señalado también a Francisco Martínez, pasando así del plano policial a otro superior en el que implica a los responsables políticos que entonces dirigían el Ministerio del Interior.

García Castaño añadió que se trató de una “orden general” para el operativo de investigación contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Un operativo en el que, según defienden tanto García Castaño como Eugenio Pino, solo buscaban pruebas para incriminar a Bárcenas.

Pero los investigadores no creen esta versión. Sostienen que en realidad, la operación fue montada para destruir pruebas que perjudicasen al PP en el caso de su caja B entre 2013 y 2015, con uso de fondos reservados. Unos fondos que distribuía Francisco Martínez desde la secretaría de Estado de Seguridad.

El político popular, que con toda probabilidad será citado como imputado después de las elecciones generales, continúa siendo diputado como miembro de la Diputación Permanente del Congreso y, por tanto, tiene la condición de aforado ante el Tribunal Supremo, de modo que la Audiencia Nacional no puede investigarle. Perderá su aforamiento cuando se constituyan las nuevas Cortes Generales, el próximo 21 de mayo.

Francisco Martínez negó haber dado instrucción alguna “que no se ajustase escrupulosamente a la legalidad” y afirmó estar a disposición del juzgado para ofrecer las explicaciones que considere necesarias. - D.N.