Medidas para garantizar el acceso a la vivienda. La prioridad debe ser la promoción de viviendas de alquiler social. Se están promoviendo más de 500 viviendas desde el Gobierno pero no es suficiente. La PAH propone impulsar 1.000 viviendas en esta legislatura pero va a ser difícil porque no tenemos suelo disponible y hay que trabajar para tenerlo. Hay que incentivar la bolsa de alquiler de manera más decidida, y flexibilizar los requisitos para ayudar más a los propietarios que quieran ofertar su vivienda y poder reformarla. Modificar también la normativa de habitabilidad favoreciendo piso más pequeños y asequibles.
Desahucios y emergencia habitacional. Revisar el censo único de viviendas y cambiar los requisitos para mejorar el acceso de personas en situación de emergencia habitacional. Trabajar en prevención en materia de desahucias, reforzar el acompañamiento social en programas como el VAIS o EISOVI para dar respuesta temporal a problemáticas complejas y adaptarlas a cada caso.
Garantizar acceso a vivienda. Hemos pasado de un modelo en el que la vivienda era un negocio a convertirse en un derecho. Los tres pilares en este mandato han sido promover vivienda de alquiler, reforzar el parque público y la rehabilitación. La vivienda pública de alquiler representa el 84% de la oferta. Hay programas como Emancipa y David para ayudas al alquiler, con más de 1.200 solicitudes. Se están construyendo 524 VPO en alquiler, se ha multiplicado por tres las ayudas a la rehabilitación. Se está elaborando el registro de viviendas vacías para que los ayuntamientos puedan gravarlas, y se abre la vía de convenios para reformar viviendas municipales. En la bolsa tenemos 668 viviendas y hay que seguir avanzando.
Desahucios y emergencia habitacional. Agotar la negociación con entidades con viviendas vacías sin descartar la expropiación. Ahora pueden acceder al censo las personas desahuciadas y seguir mejorandolo. Seguir potenciando programas como el VAIS o el fondo social con más de 125 viviendas.
Garantizar acceso a vivienda. Desarrollar el registro de viviendas vacías que posibilitó la ley foral de 2013 y definir lo que es una vivienda vacía para que afloren al mercado y los ayuntamientos puedan grabarlas (Pamplona ya lo tramitó), además de sancionar e incluso expropiar viviendas de entidades financieras o sociedades. También el Gobierno puede adquirir viviendas vacías de entidades. Reforzar la bolsa de alquiler y potenciar los convenios con los ayuntamientos que tengan pisos vacíos. Rehabilitar todas las viviendas en manos de las administraciones. Ayudas al alquiler privado. Modificar los requisitos del censo foral para facilitar el acceso a personas más vulnerables. Seguir impulsando la rehabilitación, principalmente para emergencia habitacional.
Desahucios y emergencia habitacional. Transferir competencias a Navarra para regular los precios máximos de alquiler. Censo de personas que viven en habitaciones en colaboración con servicios sociales y colegios.
pamplona - La sala de usos múltiples de Calderería fue testigo el pasado jueves del drama que viven muchas familias que se encuentran al borde del desahucio o que malviven en habitaciones abarrotadas por los altos precios de los alquileres en el mercado libre. Con motivo de la charla-debate organizada por la PAH seis candidatos al Parlamento de Navarra se encontraron el pasado jueves en el centro comunitario del Casco Viejo con la cruda realidad de más de 50 familias que comparten piso. Y son sólo algunos de los ejemplos de la problemática existente, aseguró Ángel Larrea, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: “Los desahucios son numerosos y la urgencia de muchas familias hace que sea necesario adoptar medidas urgentes, además de poner límite a los alquileres. No podemos esperar dos años a que se construyan viviendas...”. En el conjunto de Navarra se desahuciaron 49 familias por impago de hipotecas a lo lago de 2018, y unas 123 por alquiler. A estos datos, añade la PAH las “numerosas familias que abandonan la vivienda sin llegar al final del proceso judicial lo que viene a dar una al día en el conjunto de Navarra”.
El público intervino tanto a viva voz como a través de preguntas por escrito para exponer sus casos. Uno de los afectados que vive en una habitación aseguró que no tiene derecho a estar empadronado, “no somos visibles, no tengo acceso a los servicios sociales, no puedo abrir una cuenta...”. También los políticos se llevaron su rapapolvo por parte de miembros de la PAH. Hansa, su mujer y dos menores con unos ingresos de 1.250 euros están esperando una orden de desahucio de un piso de alquiler donde llevan 19 años. “Se van a ir a la calle y no tienen vivienda. Se os olvida hablar de las sociedades inmobiliarias que se han quedado con todas las viviendas. O de bancos que antes no desahuciaban y ahora lo hacen, subiendo alquileres de 250 a 875 euros . Y no se hace nada”, reprendió Jesús Hernández de la PAH.
La subida de precios de alquiler afecta también a las habitaciones realquiladas: “Comparto habitación, pago 300 euros y tengo mala salud, una minusvalía del 45%; ¿habrá piso para mí?”, planteaba una mujer. Conocieron también el problema de promotoras privadas que están desalojando a inquilinos a los 20 años tras haber descalificado las viviendas. O inquilinos de alquiler subvencionado a los que se va a desahuciar porque termina el periodo de 15 años. Respecto a las subidas de alquileres, hubo un ejemplo al que le están exigiendo de 400 a 780 euros “o me quedo fuera”. Tras conseguir hace tres años una dación en pago y un alquiler social la sociedad bancaria le reclama a otro de 200 a 560 euros, con una pensión de 1.000 euros. En Cataluña los bancos o inmobiliarias no pueden desahuciar en alquiler si la familia no tiene recursos, subrayaba un miembro del público.
Por otro lado, desde la PAH proponen a las diferentes formaciones políticas medidas de choque. Entre otras, un plan de vivienda pública que contemple la construcción de 1.000 viviendas de alquiler protegido en esta legislatura, y compromiso de establecer lo mismo para la siguiente, la compra de viviendas a entidades financieras, la rehabilitación y puesta en servicio de las viviendas deshabitadas, y activar el registro de viviendas vacías. Para evitar los desahucios, piden que se legisle para que las entidades financieras, inmobiliarias y grandes tenedores de viviendas en alquiler, ofrezcan una alternativa habitacional antes de un desahucio. Respecto al alquiler social, exigen campañas para fomentar la bolsa de alquiler, limitar los alquileres máximos por zonas y los incrementos abusivos de cuotas, definir modelos de contrato de alquiler para su uso obligatorio por las inmobiliarias en los alquileres protegidos, así como eliminar el requisito de disponer de 3.000 euros de ingresos anuales en el momento de la inscripción como demandante de alquiler protegido si en ese momento tiene asignada o en trámite la Renta Garantizada. Reivindican además un censo navarro de familias y personas en situación de “emergencia habitacional”, una ventanilla única, servicios sociales de base con “política integral de vivienda”, y una ley que impida el corte de suministro energético a familias con escasos recursos.
Garantizar acceso a vivienda. Hemos respaldado en gran medida todas y cada una de las propuestas que ha hecho este gobierno foral en materia de vivienda aunque nos parece que se podía haber avanzado más. Incrementar el parque de vivienda pública de alquiler. Planteamos que las ayudas al alquiler se den en función de la renta en lugar de la tipología de vivienda. Incrementar las ayudas a los jóvenes hasta los 35 años. Es importante elaborar un censo de viviendas vacías y que haya un impuesto que grave. Hacer más atractiva la bolsa de alquiler. Fomentar acuerdos entre las administraciones y entidades financieras y el Sareb para garantizar realojos. Apoyo a la rehabilitación. Ventanilla única.
Desahucios y emergencia habitacional. Que las comunidades autónomas puedan definir los índices de referencia de alquiler. Más viviendas para casos de emergencia con acompañamiento y turorización. Las entidades sociales, hoy, están saturadas.
Garantizar acceso a vivienda. El parque público de vivienda es insuficiente. Hay que ampliarlo a através de los mecanismos que permite la ley foral de 2013. Permitir que entidades como la PAH trabajen conjuntamente con las asociaciones para presionar a los bancos con viviendas vacías en defensa de la función social. Seguir trabajando en la mejora de la bolsa de vivienda de alquiler que ha permitido su ampliación a toda Navarra. Trabajar para que entidades financieras cedan viviendas al fondo social.
Desahucios y emergencia habitacional. Dar competencia a los ayuntamientos y comunidades autónomas para regular el precio de los alquileres en zonas estratégicas y saturadas. Registro de viviendas vacías y actuar frente a los bancos. Reforzar el programa VAIS de vivienda de inclusión social. Sancionar a los fondos buitre o bancos que lleven dos años sin mover las viviendas o incluso expropiar. Suprimir la burocracia en servicios sociales para agilizar la problemática habitacional.
Garantizar acceso a vivienda. Mientras en la anterior legislatura no se inició una sola vivienda de alquiler en ésta hemos promovido entre vivienda pública y privadas más de 700. Todas las medidas son necesarias; promover vivienda de alquiler (las 1.000 que propone la PAH resultarían incluso escasas) porque hacen falta del orden de 2.000/3.000 viviendas (10.000 marca el Plan de Vivienda 2018-2028). Ayudas al pago de alquiler donde hemos pasado de 4.600 a 13.000 familias y jóvenes. La bolsa de alquiler ha crecido un 40% y hay que seguir potenciandola. Se han incrementado un 50% las viviendas de integración social, se ha duplicado el fondo foral de vivienda social... Y se trabaja en una regulación de precios para evitar subidas abusivas de alquiler.
Desahucios y emergencia habitacional. Se ha duplicado la inversión en protección social para gente más vulnerable y seguiremos trabajando. Las entidades financieras con vivienda vacía tienen la obligación de rehabilitarla y ahora se les puede sancionar.
