pamplona - El juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha empezado a bloquear las cuentas bancarias de los procesados por malversación, hasta que paguen los 2,1 millones de euros que faltan para completar los 5,8 millones que se les han impuesto de fianza. Las cuentas bancarias de varios de los procesados por malversación fueron inmovilizadas ayer por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, sin esperar a que la magistrada resuelva los recursos presentados contra la fianza.

La juez impuso una responsabilidad civil de 5,8 millones de euros a 17 de los 30 procesados por los preparativos del referéndum a los que atribuye un delito de malversación, entre los que figuran ex altos cargos y técnicos de la Generalitat supuestamente involucrados en la organización del 1-O.

Los 17 procesados por malversación en el 1-O depositaron en el juzgado casi 3,7 millones de euros -recaudados en la caja de solidaridad-, acompañado de un escrito en el que argumentaron que el resto de la suma que la juez les reclama equivale a los 2,1 millones que el Supremo impuso como responsabilidad civil a los líderes independentistas juzgados en el alto tribunal. La semana pasada, la secretaria del juzgado certificó en un escrito que faltan por pagar los 2,1 millones de la fianza exigida por la magistrada, por lo que daba por iniciados los trámites para garantizar esa responsabilidad civil, e iniciaba las gestiones para averiguar su patrimonio.

clave Las defensas de los procesados han presentado un recurso contra la resolución de la magistrada Montserrat de Toro -cuyo testimonio de lo sucedido en los registros del 20S en la conselleria de Economía fue clave para que las acusaciones imputaran rebelión a la cúpula del procés- en el que defienden que es la juez, y no la letrada de la administración de justicia, la que debe determinar la suficiencia o no de las fianzas mediante un auto motivado.

Las entidades y partidos soberanistas volvieron a hacer un llamamiento a los ciudadanos para que hagan aportaciones a la caja de solidaridad” con los procesados por el 1-O, para recaudar fondos con los que completar la fianza que se les exige. - D.N.