Pamplona - El Gobierno de Navarra ha tenido que navegar toda la legislatura encorsetado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La norma, aprobada en 2012 tras la reforma del artículo 135 de la Constitución, obliga a las administraciones públicas a someterse a los límites de gasto presupuestario fijados por el Ministerio de Hacienda. Criterios que se han ido endureciendo progresivamente hasta prácticamente alcanzar el equilibrio presupuestario.
La normativa ha servido para forzar a comunidades y ayuntamientos a controlar el gasto público y reducir progresivamente el alto endeudamiento acumulado durante los años de crisis. Algo que también ha hecho Navarra, que ha ido reduciendo progresivamente el déficit presupuestario hasta cerrar con superávit dos ejercicios consecutivos, e incluso reducir la deuda neta en el último año. De hecho, por primera vez desde 2012 Navarra cumplió con los límites de déficit, límite de deuda y regla de gasto.
La normativa, herencia de las políticas de austeridad impulsadas desde Bruselas, también ha impedido a las administraciones acometer inversiones una vez controlado el déficit, lo que ha lastrado algunas infraestructuras y ha impedido reactivar la economía en un momento en el que empezaba a mostrar síntomas de agotamiento.
Es el caso de Navarra, que con la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha visto limitada su autonomía financiera, sometida a los mismos criterios que el resto de territorios pese a contar con un sistema fiscal propio y una mejor situación financiera. El Gobierno foral ha chocado además con la firmeza del Ministerio de Hacienda, estricto en la aplicación ortodoxa de la austeridad presupuestaria. Algo que ha ocurrido tanto con el PP como con el PSOE, pese a que la actual ministra, María Jesús Montero, fue una de las más críticas con la normativa cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía.
sin negociación Así quedó en evidencia cuando el Gobierno de Navarra quiso reinvertir el superávit presupuestario de 2017. La mayoría del cuatripartito presentó una proposición de ley con la que pretendía acometer 113 millones en inversiones financiera sostenibles. Obras y bienes que no supongan un coste añadido una vez realizados. El Ministerio sin embargo frenó los proyectos. Primero dando la callada por respuesta, y después argumentando que Navarra no había cumplido la regla de gasto del ejercicio anterior, y que impide aumentar el presupuestos más allá del límite fijado por el propio Ministerio y obliga a destinar la mayor parte del excedente a la amortización de deuda.
Finalmente, y con los plazos al límite, el Ministerio autorizó a finales del pasado año solo 35,5 millones, que se han destinado al Plan de Infraestructuras Locales (25,7 millones) y al Plan Director de Banda Ancha (9,8 millones). La diferencia, y el superávit del pasado podrían reinvertirse este año, toda vez que el argumento de la regla de gasto ha desaparecido. Sin embargo, la doble cita electoral ha vuelto a retrasar los plazos, y el Ministerio todavía tiene que autorizar los proyectos previstos, por lo que queda por ver qué margen de inversión permite, si da tiempo a cumplir los trámites administrativos antes de que finalice el año. - I.F.
