pamplona - Han pasado entre 5 y 6 años tras las detenciones de las 47 personas que serán procesadas a partir del 16 de septiembre en el macrojuicio 11/13. Arrestos que se produjeron dos años después de que ETA anunciara su cese definitivo el 20 de octubre de 2011. Todas esas personas -abogados, miembros de asociaciones de apoyo a presos como Herrira, Etxerat, Jaki Hadi, Bitartekaritza o mediadores del EPPK- serán juzgadas en septiembre en la Audiencia Nacional por supuestos delitos de participación activa en organización terrorista en diferentes grados y por apología del terrorismo.

11 personas de navarra En total las penas que pide la Fiscalía para los acusados suman 601 años de prisión. Entre los procesados hay 11 navarros, ocho de los cuales ayer comparecieron ante los medios de comunicación, en la plaza de los Burgos de Pamplona, para anunciar una convocatoria de protesta el próximo 5 de julio en Iruña con el objetivo, según apuntaron, de “responder al juicio con la gente y en la calle”.

Los navarros procesados señalaron que han sido acusados por “cuidar de la salud de presas y exiliadas, organizar movilizaciones en favor de los derechos que asisten a las presas y presos políticos vascos, realizar la defensa jurídica de las personas presas y exiliadas, tanto en los juzgados como en las propias cárceles, organizarnos para intentar aligerar la carga de la pena añadida que se nos imponen como familiares, o hacer trabajo de mediación entre las presas y exiliadas y los diferentes sectores de la sociedad”.

“lo volveríamos a hacer” Amaia Izko, aboga y concejala de EH Bildu en Pamplona, e Imanol Karrera, portavoz de LAB en Navarra, dos de los acusados, corroboraron que lo volverían a hacer porque “hemos actuado de manera consecuente con nuestros principios políticos y éticos, y estamos satisfechos con la labor realizada”. Según indicó Izko, “todo este trabajo lo realizábamos en el contexto de una nueva época, un nuevo ciclo en el que comenzaban a abrirse vías para la solución del conflicto, y en esa lógica se volcaba también nuestro esfuerzo e ilusión por solucionar la cuestión de las presas y exiliadas”.

De cara a mostrar el desacuerdo con el proceso, los acusados navarros llaman a una movilización el próximo 5 de julio, a las 19 horas en la plaza de los Burgos de Pamplona, a las personas que se sienten “indignadas y enfadadas por este macro juicio”. Un acto que, subrayaron, tiene por objetivo protestar contra el juicio y también “decir que estamos muy orgullosas del trabajo que hemos hecho y que lo volveríamos a hacer”. Asimismo, invitaron a participar en otra manifestación el próximo 14 de septiembre en Bilbao, en vísperas del inicio del juicio.

acuerdo para evitar el juicio La posibilidad de llegar a un acuerdo previo con la Fiscalía y el resto de acusaciones -AVT y Dignidad y Justicia- parece lejana puesto que según Amaia Izko “no han querido ningún acercamiento en estos términos”. El acuerdo supondría que los acusados reconozcan los delitos que se les atribuyen a cambio de no ir a la cárcel, tal y como ha pasado en los últimos juicios de carácter político. Así sucedió, por ejemplo, en 2016 con el juicio a la cúpula de Batasuna. En aquel momento gobernaba el PP. Ahora, con el PSOE en el poder, la derecha mediática podría utilizar un acuerdo en este proceso como arma arrojadiza y ahí reside el temor a que en este caso se eluda el acuerdo previo.