Estrasburgo avala que España no indemnice a las víctimas del GAL

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos incide más en la forma que en el fondo, ya que respalda al Estado español, pero no se pronuncia sobre las compensaciones económicas

09.02.2020 | 20:29
Cuatro personas murieron en el atentado contra el bar Monbar.

Pamplona - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo no admitió ayer a trámite la demanda de familiares de víctimas del GAL y el Batallón Vasco Español (BVE), a los que el Gobierno español ha denegado parte de las indemnizaciones por entender que eran militantes de ETA, y a los que reclamaban que se les aplicara la presunción de inocencia. No obstante, de la misma forma que se rechazaba la petición de los familiares de las víctimas de los grupos de la extrema derecha, el tribunal no se pronunciaba sobre las compensaciones económicas. El dictamen afirmaba textualmente que "no toma una posición sobre el derecho de los solicitantes a la compensación. La Sala que tomó esta decisión estaba presidida por el maltés Vincent A. De Gaetano y la integraban el chipriota Georgios A. Serghides, el portugués Paulo Pinto de Albuquerque, el eslovaco Alena Polácková, la española María Elósegui, el sueco Erik Wennerström y Gilberto Felici, de San Marino.

La acción sobre la que decidió el TEDH se refería a la demanda presentada por un docena de familiares de las víctimas o víctimas del GAL y el BVE, a quienes el Gobierno español les había denegado en 2013 parte de las indemnizaciones. El Estado español esgrimió -y recibió el respaldo de la Audiencia Nacional en 2015-- un artículo de la Convención Europea sobre la Compensación de Víctimas de Crímenes Violentos que permite reducir o rechazar una indemnización en función de la implicación de la víctima en una organización violenta. En concreto, este convenio recoge que "se podrá reducir o suprimir la indemnización si la víctima o solicitantes participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos". Las familias recurrieron al TEDH alegando que las víctimas nunca habían sido condenadas por pertenecer a ETA y que la decisión del Ministerio de Interior se basaba únicamente en informes policiales, lo que vulneraba el artículo 6.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que estipula el respeto a la presunción de inocencia.

Sin embargo, según el TEDH, "los procesos de indemnización no necesitan que las autoridades o jurisdicciones tomen en cuenta el contenido o el resultado de los procesos penales anteriores". A su entender, la aplicación de esa cláusula para denegar una indemnización "no supone que la supuesta pertenencia a una organización criminal o violenta haya sido establecida por un proceso penal, y las autoridades pueden fundarse en otras fuentes".

Rechazo El colectivo Egiari Zor, que agrupa a familiares y víctimas de la violencia policial, mostró su "descontento" por la decisión. En una nota señalaba que "no existen sentencias que prueben pertenencia ninguna" a ETA, por lo que ha considerado "muy grave que se sitúe la carga de la prueba en el derecho a la presunción de inocencia en unos términos inéditos hasta la fecha".

Además, a juicio de este colectivo, la decisión del TEDH "ahonda" en la consideración de "víctimas de segunda categoría", que, a su juicio, tienen las víctimas "de las violencia practicadas por el Estado".

Por su parte, Sortu señaló que el fallo "humilla" e "invisibiliza aún más" a algunas víctimas. La formación de la izquierda abertzale expresó su "estupefacción" por una resolución que contiene "graves carencias jurídicas, políticas y éticas que impiden avanzar adecuadamente en materia de paz y convivencia". Además, Sortu consideró que el dictamen de Estrasburgo "no favorece la verdad, la justicia y la reparación" . A su juicio, esta decisión "no contribuye a construir la paz y la convivencia tan ansiada por esta sociedad".

eL gOBIERNO VASCO El Gobierno vasco lamentó ayer que el fallo fuera superficial y no hubiera entrado al fondo de la cuestión. Así, subrayó expresamente que su fallo "no toma una posición sobre el derecho de los solicitantes a la compensación". "Esto, el derecho de estas víctimas a la reparación, es precisamente la cuestión de fondo y ésta es la cuestión que sigue quedando pendiente de una respuesta definitiva, desde el punto de vista del derecho de las víctimas a la reparación", indicó.