La ley aplica los “mecanismos no judiciales” sugeridos por la ONU

Cinco de los doce magistrados del Constitucional ya emitieron votos particulares en la sentencia anulatoria de 2018

10.02.2020 | 02:42

pamplona - La clave de la Ley foral de reparación a las víctimas de la extrema derecha y funcionarios públicos es la comisión de expertos encargada de determinar quién puede acceder a la consideración de víctima y, por tanto, quien tiene derecho a percibir las reparaciones morales y económicas que prevé la norma. Lo fue en la ley de abril de 2015, recurrida primero y anulada definitivamente en 2018, con el voto discrepante de cinco de los doce magistrados del Constitucional. Quizá las diferencias se debieron a que comisiones de este tipo han sido un recurso habitual en otras leyes similares tanto en Navarra como en el Estado -víctimas del terrorismo de ETA o Memoria Histórica-, que prevén "mecanismos no judiciales" para el reconocimiento, en la línea de lo que recomienda la resolución 9/11 de 24 de septiembre de 2008 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en lo referido al derecho a la verdad.

Lo que pasa es que en la ley de abril de 2015 el Constitucional, tras varias denuncias del PP, consideró que esa comisión iba a desempeñar tareas reservadas a los tribunales, en última instancia el argumento en el que se apoyó el TC para anular la norma en 2018. Es el mismo que esgrimieron PP, Ciudadanos y Vox el 28 de junio, cuando una delegación encabezada por Ana Beltrán e Iván Espinosa de los Monteros llevó hasta la sede del alto tribunal el nuevo escrito de recurso que ahora se ha admitido a trámite.

el 'coladero' Pero, ¿por qué la derecha denuncia sistemáticamente la ley, pese a los cambios que se han hecho en ella en los últimos cinco años? La respuesta está en la comisión de expertos que dictamina quién puede acceder a la condición de víctima. La derecha, oficialmente, la denuncia porque cree que puede suplantar competencias reservadas para los tribunales. Pero en el fondo PP, Ciudadanos y Vox -y sus filiales, como UPN en Navarra- consideran que puede ser un coladero de denuncias falsas para equiparar víctimas y verdugos, como en alguna que otra ocasión ha verbalizado la propia Beltrán. La comisión tiene la forma jurídica de un órgano colegiado independiente adscrito a la dirección general de Paz y Convivencia. La componen nueve miembros: dos de ellos, el director general de Paz y Convivencia y el director del Instituto navarro de la Memoria. Los siete restantes tendrán que ser expertos propuestos por los grupos parlamentarios y/o por "organizaciones sociales que desarrollen actividad en materia de derechos humanos", y elegidos por mayoría absoluta del Parlamento para un mandato de seis años.

¿Qué hará esa comisión? Básicamente lo siguiente: escuchar a la persona solicitante, recabar antecedentes, solicitar información a otros actores y solicitar informes periciales a fin de elaborar un informe motivado de cada solicitud. En ese informe se analizará el cumplimiento de los requisitos de la posible víctima, se realizará un resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración de derechos e incluirá una valoración sobre la relación de causalidad entre hechos y perjuicios. Ese informe será remitido al responsable en materia de Paz y Convivencia, quien en un máximo de tres meses dictará la resolución desestimando o reconociendo la solicitud, algo que podrá recurrirse. Las víctimas tendrán derecho a asistencia sanitaria y a indemnizaciones económicas. - D.N.