Pamplona - Si un inesperado acuerdo de última hora no lo impide, este martes el rey anunciará la ausencia de un candidato para la investidura y España se dirigirá hacia elecciones generales el 10 de noviembre, las cuartas en cuatro años. Una inestabilidad política que ha derivado en un bloqueo institucional sin precedentes, con presupuestos eternamente prorrogados que impiden la entrada en vigor de las medidas sociales anunciadas (siguen vigentes los aprobados por el PP para 2018) y una ralentización administrativa que afecta también a Navarra, que ve cómo los compromisos anunciados se demoran sin fecha con el argumento de la interinidad.

Ejemplos hay mucho y son importantes. Es el caso la aportación al Estado, que a partir de diciembre entra en prórroga. El Gobierno foral y el Ministerio tienen pendiente acordar los términos de la relación bilateral a partir de enero, así como varios ajustes técnicos en el Convenio y las reglas de estabilidad financiera. Sin embargo, no hay acuerdo posible mientras no se clarifique la situación y se estructure de nuevo todo el aparato administrativo, que puede tardar meses si hay una nueva repetición electoral, lo que puede acabar generándole problemas financieros a Navarra, que difícilmente podrá reinvertir el superávit presupuestario pendiente de ejecutar desde hace casi ya dos años.

Algo similar ocurre con el Canal de Navarra, a la espera de que la empresa pública Canasa determine qué tipo de infraestructura será la segunda fase y cómo se va a financiar. Y aunque los trámites administrativos siguen su curso, un nuevo proceso electoral y de formación de Gobierno retrasará también cambios directivos en la propia empresa pública, lo que puede suponer una nueva demora en su construcción, sin que todavía se haya decidido cómo ni quién la va a financiar.

Tampoco hay previstos a medio plazo avances sustanciales en lo que se refiere al TAV. Las inversiones anunciadas no se están concretando, y poco se sabe de la conexión con la Y vasca ni del resto del corredor. El ministerio debía haber anunciado ya las soluciones técnicas decididas, pero en las circunstancias actuales es poco probable que lo haga. Y sin presupuestos a la vista no es previsible un aumento de la inversión de la obra. Tampoco las mejoras en la inversión social anunciadas los últimos meses, y que iban a suponer para Navarra mayores fondos con los que atender la dependencia, el empleo o la exclusión social.

Sin tráfico Pero no todo es cuestión de dinero. Hay algunos trámites que el Gobierno central se había comprometido a desarrollar que no se han cumplido, y que difícilmente lo harán en las actuales circunstancias. La devolución de las competencias exclusivas de Tráfico y Seguridad Vial debían haberse concretado antes de mayo, pero sigue sin definirse. Tampoco se ha avanzado en sanidad penitenciaria, pendiente de traspaso, ni se han acometido las reformas de la normativa estatal que limita la capacidad del Gobierno de Navarra en ámbitos como la contratación de personal o limitaciones en los servicios públicos.

Cuestiones que, por la ausencia de presupuestos, las dificultad administrativa que implica un Gobierno en funciones y en ocasiones también la poca voluntad por cumplir compromisos previamente adquiridos, se mantienen paralizadas prácticamente desde inicio de año. Aplazadas una y otra vez primero por las elecciones de abril, luego por las de mayo y ahora por la falta de un acuerdo que amenaza con otra repetición electoral. Lo que deja para principios de año la formación del nuevo Gobierno y para 2020 la toma de las primeras decisiones. Y que en muchos caso relega a Navarra en una larga lista de tareas pendientes en la que casi nunca aparece en las opciones prioritarias.

Aportación al Estado. En enero acaba el quinquenio de la aportación anual (2014-2019). A partir de entonces entrará en prórroga, y los desajustes habrá que compensarlos cuando se acuerde el siguiente quinquenio. Con el Gobierno en funciones es improbable cualquier negociación. Hacienda ni siquiera ha nombrado sus representantes en la comisión coordinadora del Convenio.

Relación financiera. Más allá de la aportación, Navarra tiene pendiente con el Estado la reforma de la Ley del Convenio para actualizar la gestión de varios impuestos y adaptarlos a los cambios normativos ya pactados con la CAV. Se deben acordar también los términos de la estabilidad presupuestaria para los próximos años (déficit, deuda, regla de gasto) y queda pendiente determinar cómo se gestiona el superávit de 2017 y 2018 para poderlo destinar a inversiones sostenibles.

TAV. Lejos de los anuncios propagandísticos (UPN llegó a anunciar un acuerdo para invertir 3.000 millones en alta velocidad), la realidad es que las infraestructuras que dependen del Estado apenas están avanzando. Se retomaron las obras del TAV en Peralta, pero la inversión real sigue siendo mínima, y Fomento admite ya que el plazo de finalización para 2023 no es real. Todavía no se ha concretado el enlace con la Y vasca, el bucle de Pamplona ni la conexión con Zaragoza.

Canal de Navarra. Sigue pendiente de definir qué tipo de infraestructura será la segunda fase y cómo se financiará.

Lorafna. Las promesas para mejorar el autogobierno todavía no se han cumplido. Hace casi un año que Sánchez se comprometió a devolver la gestión exclusiva Tráfico sin que se haya avanzado apenas. Tampoco se ha concretado la prometida transferencia de sanidad penitenciaria.

Normativa estatal. Navarra sigue esperando la reforma de varias normativas de ámbito estatal para facilitar la gestión en cuestiones como la contratación de personal o la contratación de profesores con perfil de inglés.

Política social. La falta de presupuestos también impide acceder a más financiación para dependencia, las ayudas al empleo plurianuales o la aprobación de un ingreso mínimo vital que para Navarra supondría un importante ahorro en renta garantizada.

Inundaciones. Más de dos meses después de las inundaciones en la Zona Media sigue pendiente la declaración de zona catastrófica para agilizar y mejorar las ayudas.