las elecciones del 10-n

Obras paradas, fondos congelados y leyes en el cajón: los costes del bloqueo

Las reformas legales postergadas se cuentan por decenas y la incógnita ahora es por cuánto tiempo

10.02.2020 | 04:01
Vista del hemiciclo vacio.

las cifras

476.000

firmas para que no cobren

Casi medio millón de personas ya han firmado la petición hecha a través de la plataforma Change.org en la que se demanda que los diputados con escaño no cobren la indemnización que pueden reclamar tras la disolución de las Cortes y hasta las nuevas elecciones. Más de 476.000 ciudadanos ya han firmado la petición cuya consigna es "Diputados, si NO curráis ¡NO cobráis!: renunciad a vuestra indemnización". El objetivo es reunir la máxima cantidad de firmas para demandar que los diputados no puedan acogerse a la denominada "indemnización de transición", que pueden solicitar parlamentarios que no perciben ningún otro ingreso.

216

solicitudes de pago

Según la petición, en las pasadas elecciones de abril 216 diputados pidieron su indemnización y solamente cinco de ellos renunciaron a ese dinero. En sus motivos, la petición hace referencia a que los políticos no se han puesto de acuerdo "para que el país arranque" y concluye: "Ya se han reído de nosotros suficiente".

el apunte

Objetivo: librarse de Juan José Cortés. El PP andaluz aún no ha elevado ninguna petición formal a Génova ni ha pedido expresamente a Pablo Casado cambios en las listas electorales ante el 10-N, pero el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, defendió abiertamente "ajustes" en las candidaturas. El objetivo, según fuentes del PP, es relevar a Juan José Cortés, padre de Mariluz.

pamplona - Con el 10-N en el horizonte, el Gobierno en funciones y con capacidades limitadas de Pedro Sánchez durará, como poco, ocho meses. Casi 250 días de parálisis que afectan no solo a la Administración central, sino a comunidades y ayuntamientos y también a reformas legislativas que siguen esperando.

Lo primero que se echa en falta son unos presupuestos actualizados. Por primera vez en democracia, no va a quedar más remedio que prorrogar por segundo año consecutivo las cuentas públicas del Estado. Al igual que este 2019 con el PSOE en el Palacio de la Moncloa, el futuro Ejecutivo -en el que caso de que logre formarse- echará a andar 2020 con los presupuestos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy hace dos ejercicios. Por muchas prisas que quiera darse, el calendario electoral hace imposible la aprobación de unas nuevas cuentas públicas antes de que termine este año.

No tener unos presupuestos al día complica cuestiones tan cotidianas como la revalorización de las pensiones, el salario de los empleados públicos o las transferencias de fondos a las comunidades autónomas. Para aplacar las ansias de las comunidades, que cifran el agujero en unos 4.500 millones de euros, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha avanzado que antes de que acabe el año el gabinete librará remesas de tesorería adicional para que los gobiernos autónomos puedan hacer frente a sus compromisos de pago.

Sin esos fondos pendientes, las comunidades tienen en vía muerta nuevos proyectos o tienen dificultades para pagar en tiempo y forma los ya existentes.

En el cajón de los asuntos pendientes figura la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de los jueces, que solo puede actualizado con un amplísimo acuerdo entre los partidos, aún mayor si cabe a que se exige para la investidura. La situación de interinidad tampoco ha permitido renovar órganos de control como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Otro nombramiento especialmente delicado que se ha quedado pendiente es el del nuevo responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Eso en el capítulo de nombramientos, nada comparado con el de leyes y reformas postergadas, que se cuentan por decenas. El Congreso volverá a cerrar sus puertas el próximo lunes sin haber aprobado ni una sola ley en más de medio año. La reforma de la LOMCE, la conocida como Ley Wert, prometida una y otra vez por el PSOE, entre otros, también tendrá que esperar, y ya acumula seis años escolares en vigor. Tampoco tendrá recorrido para lo que queda de año la regulación de la eutanasia que la semana pasada pasó su primer examen en el pleno de la Cámara, pero que decaerá como el resto de iniciativas.

La lucha contra los accidentes de tráfico es otra víctima del bloque político. Las distracciones son ya la primera causa de las muertes en carretera y, por eso, Tráfico quiere incrementar las sanciones. El nuevo Pacto contra la Violencia de Género, también se han quedado en el tintero de una legislatura que apenas ha durado cinco meses. La incógnita es por cuánto tiempo. - D.N.