pamplona - Como en el otoño de 2017, en plena convulsión del procés, el Gobierno español reforzará de nuevo la presencia policial en Catalunya con el envío de unidades antidisturbios para hacer frente a una posible respuesta del mundo soberanista a la sentencia del 1-O. El Ministerio del Interior ha emprendido ya su empeño en materia de seguridad con un despliegue escalonado en el que prevé trasladar hasta 750 agentes procedentes de distintos puntos del Estado español en función de las necesidades, el análisis de los expertos y la intensidad de las protestas. La reciente detención de los nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) sirve además a Madrid para justificar su decisión en virtud de la calificación como “terrorismo” por parte de la Fiscalía de los supuestos actos de sabotaje que habrían ideado desde este grupo civil, siete de cuyos componentes declaran hoy tras quedar dos de ellos en libertad con cargos.

A una semana del segundo aniversario del referéndum, hay ya movilizados cinco grupos de la Unidad Policial de Intervención (UIP) -algo más de 200 policías- para que se desplacen a territorio catalán, y que llegan desde las bases de Bilbao, Sevilla y Granada, e incluso están siendo trasladados a hoteles de Salou y Casteldefells, en los mismos establecimientos de hace dos años. Los antidisturbios de la Policía Nacional se encargarán, en principio, de custodiar las sedes de edificios oficiales de titularidad estatal como la Delegación del Gobierno, Jefatura Superior, comandancias y cuarteles o sedes de tribunales. Asimismo, a estos agentes de la UIP se suma un par de grupos de retén de la Unidad Central de Intervención (UCI) de la Policía que están desplegados de forma continua para, entre otros cometidos, hacerse cargo de la seguridad del paso fronterizo de La Junquera (Girona).

más de 6.000 con el ‘piolín’ Desde Interior hacen hincapié en que el dispositivo se irá concretando según las certezas de posibles incidentes y subrayan que la colaboración con los Mossos es “excelente” y que la situación actual “no tiene nada que ver” con años precedentes. Una alusión a lo ocurrido en los días anteriores y posteriores al 1-O, cuando a través del famoso Piolín, el barco-residencia instalado en el puerto de Barcelona, así como otro menor en el de Tarragona, se instalaron en Catalunya alrededor de 6.000 efectivos policiales, doblando la plantilla fija de la Policía y la Guardia Civil, y que desde muchos puntos de España fueron jaleados con despedidas multitudinarias al grito de A por ellos. Los uniformados protagonizaron fuertes cargas policiales que no lograron impedir el referéndum del 1-0 pero dejaron un reguero de mil heridos y contusionados.

Durante los próximos días se celebrará una reunión entre los expertos en seguridad al amparo del acuerdo de la Junta de Seguridad de septiembre de 2018, que presidió el president Quim Torra, y a la que asistió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Apuntan que en una primera fase este número podría ser inferior, ya que está previsto el refuerzo de seguridad en Zaragoza con motivo de la fiesta del Pilar y también en Valencia por el 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana y cuya celebración hace dos años también se vio empañada por graves altercados y detenciones. Este plan se activará el próximo 30 de septiembre y estará activo hasta el 15 octubre, si bien podría ampliarse en el tiempo si los desórdenes continúan tras conocerse el fallo del Supremo. Marlaska se negó ayer a ofrecer datos sobre este operativo, alegando se trata de una materia de seguridad que exige “discreción”, limitándose a apuntar que servirá para “garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades” en Catalunya durante este otoño caliente. “Sin generar ninguna alarma, evidentemente, ante circunstancias concretas se actúa con los medios personales y materiales precisos”, zanjó.

ataque a sedes soberanistas Paralelamente, unos bidones sospechosos llenos de líquido verde, con la inscripción TNT y adherida una máscara blanca con la bandera rojigualda -también con la estelada en algunos casos- fueron colocados en la madrugada de ayer en las puertas principales de las sedes de ERC, CUP, comunes, Òmnium Cultural, la ANC y la Conselleria de Interior. Los Mossos confirmaron que se trataba, en todos los casos, de artefactos simulados sin carga explosiva, sin necesidad de que fueran examinadas por los Tedax. La Policía catalana abrió una investigación para averiguar quién es el responsable de esta acción destinada a generar alarma y atemorizar al mundo independentista en puertas de conocerse el fallo por la causa del procés. Podem expresó a través de su cuenta oficial de Twitter que “ningún tipo de intimidación” detendrá su afán de mejorar la vida de los catalanes. “La banalización del terrorismo -por lo acontecido con los CDR- y este odio nos anima a continuar luchando para mejorar la calidad de vida y bienestar de nuestro pueblo”, añadieron desde esta formación.