Querella de víctimas del 1-O contra la cúpula policial por crímenes contra la humanidad

La querella, presentada conjuntamente el pasado martes 1 de octubre en la Audiencia Nacional por estos nueve afectados, por la Asociación Atenes, la Asociación de Afectados del 1-O y la Asociación de Abogacía de la Democracia de Lleida, ha sido además notificada a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de la Haya. En el texto de esta querella por crímenes contra la humanidad se denuncia un “ataque sistemático”, “planificado” y “generalizado” contra la población civil durante la celebración del referéndum unilateral, por motivos “políticos e ideológicos”.

Afirman que ante la celebración del 1-O en 2017 hubo una “planificación de la actuación contra la población civil hecha en secreto bajo un mando estructurado, estable, estratégicamente organizado y fuertemente jerarquizado perteneciente a las altas estructuras del Estado”, en el que dejaron “al margen” a los Mossos d’Esquadra. Por ello, denuncian un delito de lesiones, penado entre 12 y 15 años en el Código Penal en función de la gravedad, y un delito de torturas, que supone penas de prisión de entre 4 y 8 años.

Durante la presentación de la querella, Lluís Mestres, de la Asociación Atenes, explicó que han analizado la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en 63 puntos de votación de todo el territorio catalán, y aseguró que hubo “un plan de ataque secreto” en el que las fuerzas de seguridad del Estado realizaron su labor de forma “claramente militarizada”. El jurista sostuvo que en más de 60 centros la Policía Nacional y la Guardia Civil entraron casi a la misma hora y con la misma metodología: sin mediar “palabra” con la población civil y contra la que “cargaron” con el objetivo de provocar “pánico y terror” para disuadir a los votantes. En este sentido, precisó que junto al texto de la querella se han presentado numerosas pruebas audiovisuales que, dice, acreditan los hechos que se denuncian.

Mestres aclaró que, de media, la Audiencia Nacional suele tardar unos seis meses en admitir una querella, pero puesto que ha sido notificada a la Haya, si el tribunal español se inhibe podría abrirse una instrucción internacional, ya que los crímenes de lesa humanidad son un delito internacional.

Durante el acto, intervino también uno de los afectados del 1-O y uno de los querellantes, Enric Sirvent, de Lleida, quien relató que le “golpearon y dieron patadas” hasta que cayó en el suelo, y que tuvo que ser “reanimado” con un desfibrilador por los votantes, que además hicieron un “cordón” para que pudiese entrar la ambulancia, mientras que ningún agente “le atendió”. Agregó que fue trasladado en helicóptero al Hospital, donde permaneció ingresado 17 días, nueve de ellos en la UCI: “Ese día -el 1-O de 2017- volví a nacer. Entonces tenía 70 años y ahora tengo 2”, resumió. - D.N.

sin pruebas de las detonaciones

Ni vídeo ni grabación. Las defensas de los CDR acusados de terrorismo han pedido al juez de la Audiencia Nacional que abra una investigación para averiguar si la Fiscalía o la Guardia Civil son los autores de una “filtración masiva” de información a los medios sobre la causa, pese a estar bajo secreto de sumario. Una de esas filtraciones fue desmentida ayer por el periodista del diario ara.cat Ernesto Ekaizer, quien en un tuit afirmó ayer que no existe en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional vídeo o grabación alguna sobre detonación de explosivos en una cantera que habrían protagonizado miembros del ERT. Tampoco consta cuál de las hermanas de Carles Puigdemont se habría reunido con Quim Torra en un coche, como se afirmó tras una supuesta filtración de la investigación sobre los CDR detenidos que lleva a cabo el juez García-Castellón.