La incertidumbre económica y los nuevos gastos ponen a prueba la estabilidad presupuestaria

El Gobierno mantiene una política expansiva e incrementará la inversión un 5% en 2020
Hacienda deberá cuadrar ahora los compromisos ya adquiridos con la austeridad financiera

10.02.2020 | 06:03
Los consejeros Manu Ayerdi (Desarrollo Económico), Elma Saiz (Hacienda) y Javier Remírez (Función Pública e Interior), con la presidenta María Chivite en el pleno del jueves.

El Gobierno de Navarra mantiene una política expansiva e incrementará la inversión un 5% en 2020.

Pamplona - El Gobierno de Navarra trabaja ya en la elaboración del próximo presupuesto. Será el primero de la legislatura para un Gabinete de coalición en el que conviven un acuerdo programático marcadamente continuista con el nuevo liderazgo socialista. Será por lo tanto un presupuesto que seguirá la senda de los últimos años, pero en el que se abordarán algunas novedades ya avanzadas por los nuevos consejeros, que por lo general se han mostrado expansivos en el gasto. Y que deberá encarar los próximos meses en un contexto de incertidumbre política y económica que van a poner a prueba el equilibrio presupuestario logrado los últimos años.

La llave de la caja la tiene ahora Elma Saiz, exdelegada del Gobierno y asesora fiscal de profesión, que desde el Departamento de Economía y Hacienda asume el reto de mantener la estabilidad financiera de la Comunidad en medio de las demandas de gasto que va a plantear el nuevo equipo de Gobierno. Especialmente la parte socialista, que como acostumbran los partidos que acaban de llegar al poder, aspira a dejar su impronta particular, lo que generalmente implica un aumento de la inversión pública.

La consejera de Economía presentaba el pasado miércoles el techo de gasto del próximo año. Serán 4.228 millones, 212,5 millones más que en este 2019. Un incremento del 5,3% basado en una previsión de crecimiento económico del 2,2%. Estimación coherente con lo que plantean los principales estudios financieros, pero excesivamente vinculada a una coyuntura internacional que con la desaceleración económica mundial, la guerra comercial EEUU-China y el brexit a la vuelta de la esquina, conviene al menos tomar con prudencia.

Es en cualquier caso el punto de partida sobre el que se va a elaborar el nuevo presupuesto. Cada departamento tendrá que presentar ahora sus programas para el próximo año y, en última instancia, Saiz deberá definir cómo se distribuyen los fondos y cómo se reparte ese incremento de gasto respecto al año anterior que, en buena medida, viene ya condicionado por partidas previamente definidas como el gasto de personal o la aportación al Estado. Y siempre desde el rigor que exige un cargo que no permite aventuras arriesgadas, y donde deberá concitar los intereses y las aspiraciones de al menos los tres partidos que forman parte del Gobierno foral.

Una herencia favorable A diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, el nuevo equipo de Hacienda cuenta con la ventaja de haberse encontrado unas cuentas públicas estables y saneadas. Navarra cerró 2018 con un superávit de 116 millones, un remanente de tesorería de 158 millones y con la primera reducción de deuda en diez años. La situación financiera de Navarra todavía sigue siendo complicada, con un elevado endeudamiento y buena parte del gasto ya comprometido, pero al menos cuenta con la suficiente solvencia como para tener margen de actuación en el día a día de la gestión pública. Algo que no ocurría desde el inicio de la crisis.

Así que el Gobierno ha aprovechado la situación para poner en marcha ya algunas actuaciones prioritarias, algunas de las cuales llevan asociado un importante compromiso presupuestario añadido. Es el caso del pago del grado a los empleados públicos interinos, reconocido por sentencia judicial, pero que el Gobierno ha decidido afrontar de forma inminente y en un solo pago. En total, 75 millones a repartir entre 8.000 contratados temporales vía decreto de ley foral urgente. El decreto, que se aprobará este mes de octubre, también incluirá la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad para funcionarios, así como el pago de los meses de verano para los interinos. Todo con cargo al remanente de tesorería acumulado en los ejercicios anteriores y en plena precampaña electoral.

El decreto no afectará directamente al presupuesto del próximo año, pero sí lastrará el margen de maniobra si la situación económica se tuerce en los próximos meses. No es la previsión del Gobierno, que mantiene la política expansiva en el proyecto de gastos para 2020, en el que se incluirán algunas inversiones que ya se han avanzado en sede parlamentaria como la mejora de carreteras, la reducción de las listas de espera o la atención a la diversidad en educación. Y en el que también habrá que hacer hueco a las aspiraciones presupuestarias de 13 consejeros con muchas ganas de ofrecer buena gestión.

A todo ello se unen las rebajas fiscales anunciadas por la propia consejera de Hacienda, que suprimirá la tributación de los bienes empresariales en el Impuesto del Patrimonio, y que a medio plazo promete reducirá los tipos a las rentas medias y bajas. A lo que habrá que añadir la devolución del IRPF de la maternidad (45 millones) que la presidenta del Gobierno se ha comprometido a resolver antes de final de año incluso si los tribunales sentencian en contra de las demandantes.

Estabilidad financiera Lograr la cuadratura del circulo es ahora el principal reto de Elma Saiz. Encajar un aumento del gasto con una reducción de impuestos en un escenario de ralentización económica en el que Navarra deberá cumplir además con las reglas de estabilidad presupuestaria. Ya no hay margen para la emisión de nueva deuda, se impone el déficit cero y la regla de gasto limita el incremento presupuestario bajo amenaza de intervención del Ministerio de Hacienda. La austeridad sigue siendo obligatoria.

A favor del Gobierno cuenta el color político del Ejecutivo central, liderado por el PSOE y cuya dirección federal se ha implicado especialmente ante la presión política y mediática de la derecha para que la apuesta de Navarra saliera adelante. Una complicidad con la que no contó el Gobierno anterior, que vio limitado su margen de inversión pese a gozar de superávit, y que puede facilitar cierta flexibilidad en la interpretación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que la ministra María Jesús Montero ha venido aplicando hasta ahora con la misma ortodoxia -si no más-, con la que lo hacía Cristóbal Montoro.

Con Madrid habrá que negociar también la actualización del Convenio Económico para el periodo 2020-2024, y que debe determinar cuánto aporta Navarra a las arcas del Estado. La previsión para el próximo año es de 588 millones, un 5% más que en 2019. Es sin embargo una cifra provisional pendiente de una negociación con el Estado que pese a que estamos en plazo todavía no se ha iniciado, y que puede condicionar buena parte del margen presupuestario con el que cuenta el Gobierno foral hasta el final de la legislatura. No será una negociación fácil en un contexto de recentralización y de desconfianza hacia los territorios forales, y que se puede complicar sobre manera si tras las elecciones del 10 de noviembre desde Moncloa ya no se ve con tan buenos ojos el Gobierno de Navarra.

Es el contexto en el que arranca la elaboración del primer presupuesto de la legislatura. Con la dificultad añadida de tener que hacerlo en minoría parlamentaria, lo que requerirá de una negociación en la que, de entrada, habrá que decidir si se mira hacia la derecha españolista o hacia la izquierda abertzale. Pero que pese a la dosis de incertidumbre que ofrecen la economía internacional y la política nacional el Gobierno encara con ambición y optimismo. Aun a riesgo de que un repentino cambio de ciclo le pueda pillar con el pie cambiado.