pamplona - El excomisario José Manuel Villarejo afirmó ayer durante la vista en la Audiencia Nacional para dirimir si debe seguir en prisión provisional una vez supere el 3 de noviembre la barrera de dos años en preventiva, que tiene “cien veces más material” del que obra en la macrocausa y que no va a tener “más remedio” que utilizarlo para defenderse de las acusaciones.

Villarejo afrontaba por videoconferencia desde Estremera una sesión en la que Anticorrupción y la acusación popular que ejerce Podemos y la particular del despacho Balder IP apostaron por mantenerle en la cárcel atendiendo a elevado riesgo de fuga, de destrucción de pruebas, de obstrucción a la justicia y por un horizonte de condena que supera ya los 100 años dada la cantidad de delitos por los que está siendo investigado, como organización criminal, cohecho, blanqueo, extorsión y revelación de secretos, en 16 piezas separadas.

Según fuentes jurídicas, Villarejo hizo alarde de tener más material y apuntó que no le va a quedar otra que darle salida para garantizar su defensa que, según señaló, se cercena porque por un lado, no se le da acceso a todos los terabytes que se le intervinieron a su detención y por otro, porque sólo se desencripta información que le perjudica.

Precisamente, uno de los argumentos de las acusaciones para mantenerle en prisión es la obstrucción de la justicia que se desprende de su falta de cooperación para desencriptar la información. Fuentes de su defensa plantean que no tiene por qué hacerlo y no es razón para tenerle encarcelado y dejan caer en cualquier caso que si llegado el momento cambia de parecer, facilitará las claves.

Villarejo defendió además que todo lo que ha hecho a lo largo de su vida ha sido “por España”, para gobiernos de distinto signo y en calidad de policía y de patriota, y acuso a los fiscales de ser unos delincuentes y unos mentirosos, así como criticó lo que denomina linchamiento mediático por las filtraciones de información que le perjudican.

Ministra de justicia En su argumentación sacó incluso a colación el nombre de la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, para afirmar que intentó impedir que se difundieran los audios grabados en 2009 en un restaurante de Madrid en los que ella hablaba mal, entre otros, del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

No obstante, el centro de su estrategia de defensa fue apelar a su estado de salud, argumentando que la hipertensión crónica que padece es incompatible con su estancia en la cárcel y puede tener “efectos letales”. El mismo señaló que no quiere morir dentro de la cárcel después de que su abogado expusiera que si bien podrían salvarle de un infarto, un ictus sería fatal porque la ayuda médica no llegaría a tiempo.

Su abogado pidió libertad con cautelares, arresto domiciliario o cualquier medida telemática de control porque entiende que “a cualquier preso en tercer grado se le trata mejor” que a un preventivo que, por tanto, no ha sido condenado. De hecho, pidió la suspensión de la vista justo antes de que diera comienzo, por entender que no era humano. - E. Press