pamplona - La reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a unas declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias, y la posterior respuesta de Moncloa, suponen el primer choque del Ejecutivo con el órgano de gobierno de los jueces, dominada por los conservadores, en vísperas de que éste examine la candidatura de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
En una declaración institucional, la Comisión Permanente del CGPJ criticó ayer que Iglesias hablara el martes por la noche en una entrevista con Antena 3 de la “humillación” de los tribunales españoles ante la justicia europea en la causa del procés, y llamó a la “prudencia, mesura y a la responsabilidad institucional” para evitar que se cuestione “la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad” de los jueces.
El texto de la declaración del Poder Judicial cuestiona el núcleo de las afirmaciones realizadas por Iglesias: que “muchos” tribunales europeos hayan rebatido resoluciones de la justicia española. El CGPJ recuerda que “solo” existen, por ahora, dos pronunciamientos de tribunales europeos sobre el desafío independentista protagonizado por la Generalitat el otoño de 2017: la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) del pasado 19 de diciembre sobre la inmunidad de Oriol Junqueras; y el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que confirmó la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament de Cataluña del 9 de octubre de 2017.
comunicado Poco después, la Moncloa difundía un comunicado en el que apelaba al debido respeto “a la libertad de expresión” y al “derecho de crítica” y recordaba que es “tiempo de dialogar” y de llegar a acuerdos para reforzar las instituciones, contexto en el que enmarca la necesidad de abordar la pendiente renovación del CGPJ. Para el Ejecutivo, es deber de todos velar por el “correcto funcionamiento de la Justicia” y contribuir de esa manera a poner al día sus órganos de gobierno “evitando que su acción se resienta por el bloqueo”.
La polémica llega además precisamente cuando el PSOE está aumentando la presión para renovar el Poder Judicial y por tanto a su presidente, Carlos Lesmes, y a todos los que han suscrito este texto y en el mismo día en el que el PP dejó claro al PSOE que bloqueará su renovación, pendiente desde diciembre de 2018.
El CGPJ no es ningún obstáculo para su propia renovación, apuntaron a Efe fuentes de este organismo tras el comunicado de Moncloa. Prueba de que no son ningún impedimento, argumentaron, es que Lesmes, se ha dirigido en tres ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado, la última el 23 de diciembre, instándoles a que aborden el asunto, ya que es responsabilidad parlamentaria.
Hace un año, el acuerdo parecía cerrado con Manuel Marchena, propuesto por el PP, de presidente, pero en el último momento se frustró. Ahora las mayorías son diferentes en el Congreso y la izquierda tendría el control del Poder Judicial y le correspondería elegir el presidente. Pero el PP ha dejado claro que bloqueará ese órgano y que no tiene ninguna intención siquiera de sentarse a negociar con los socialistas.
Sánchez e Iglesias se han conjurado para mantener una unidad sin fisuras y evitar reproches entre ellos. En la entrevista, Iglesias defendió la idea expresada por Sánchez en los últimos días de la necesidad de “desjudicializar” la crisis política en Catalunya. De hecho, el presidente ya ha hecho un movimiento político hacia el mundo judicial al nombrar a Dolores Delgado, su exministra de Justicia, como fiscal general, un mensaje muy evidente, según juristas, de que está dispuesto a dar la batalla en un mundo tradicionalmente conservador. Precisamente Iglesias lanzó sus palabras sobre la “humillación” de la justicia española mientras defendía con vehemencia el nombramiento de Delgado, pese a que él había criticado en el pasado a la ministra. En el entorno de Sánchez, según fuentes socialistas, se valora mucho esa defensa cerrada que hizo Iglesias.
El encontronazo entre el Poder Judicial y el Gobierno progresista se produjo cuando hoy se reúne de manera extraordinaria el pleno del CGPJ para informar sobre la idoneidad de la propuesta de que la exministra de Justicia Dolores Delgado sea la próxima fiscal general del Estado, una candidatura contestada con dureza por la oposición parlamentaria y que ha causado estupor en buena parte del carrera judicial y fiscal.
No hay duda de que Delgado, durante 25 años fiscal en la Audiencia Nacional, reúne los requisitos exigidos por la ley para asumir el cargo, pero no pocos se preguntan si será capaz de mantener la independencia necesaria tras haber sido ministra de Justicia, señalan fuentes consultadas por Efe, que auguran un intenso debate mañana en el pleno del CGPJ. - D.N.
fórmula similar a la de la manada
“Moderación y mesura”. La fórmula utilizada por la comisión permanente del CGPJ para reprochar las declaraciones de Iglesias (apelar “a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento” de su independencia) es exactamente la misma que ha empleado el órgano presidido por Lesmes en anteriores ocasiones para cuestionar afirmaciones de responsables políticos. Por ejemplo, cuando Rafael Catalá insinuó, siendo ministro de Justicia, que uno de los magistrados del tribunal de La Manada, que emitió un voto particular abogando por su absolución, tenía “algún problema singular”.
