madrid - Vox advirtió desde el principio de que sus apoyos a la formación de gobiernos autonómicos no eran gratis y ha comenzado a cobrárselos en los presupuestos de Murcia y Andalucía, en los que ha conseguido dejar su marca y sacar adelante compromisos claros no exentos de polémica.
De las 100 medidas para la España Viva que conforman su programa electoral, el partido de Santiago Abascal ha colocado ya alrededor de un 10% en las cuentas públicas como pago a su respaldo a los gobiernos regionales.
Un primer paso imprescindible para pasar de las palabras a los hechos al situar directamente sus propuestas políticas en la acción de los gobiernos para que sean aplicadas.
El presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, que gobierna en coalición con Ciudadanos gracias al apoyo de Vox, fue el primero en incorporar propuestas de la formación en los presupuestos autonómicos.
Al Gobierno andaluz le ha seguido esta semana pasada el de Fernando López Miras en Murcia, donde también fue necesario el respaldo de Abascal y los suyos para que gobernaran PP y Ciudadanos.
En Madrid, el Gobierno de coalición de PP y Cs ha prorrogado las cuentas de 2019 hasta que el Ejecutivo central le comunique los ingresos a cuenta que le corresponden para 2020, por lo que aún no hay una negociación propiamente dicha, pero la líder regional de Vox, Rocío Monasterio, ya ha manifestado sus principales exigencias.
La reducción del gasto político “ineficaz”, la eliminación de “subvenciones ideológicas” y medidas “ambiciosas” de bajada de impuestos son las tres grandes condiciones que planteará Vox, cuyo grupo parlamentario trabaja ya para auditar las cuentas de otros años y ver a qué se han dedicado las partidas.
Pin parental. Los centros educativos deberán solicitar autorización expresa a los padres para que sus hijos participen en actividades complementarias que afecten a cuestiones morales socialmente controvertidas o a la sexualidad.
Inmigración irregular. El Centro de Santa Cruz de Murcia dejará de utilizarse como espacio de alojamiento de menas, y en Andalucía se destinarán 150.000 euros para reforzar la seguridad de los centros que los acogen.
Reducción de subvenciones a agentes sociales. Cualquier subvención a agentes sociales deberá ser “competitiva y para fines y proyectos de interés general”.
Apoyo a la familia. Medidas fiscales y de reducción de tasas a favor de las familias, en especial para las numerosas y con personas con discapacidad a su cargo, así como un programa de asistencia para mujeres embarazadas con dificultades económicas.
Violencia intrafamiliar. En Andalucía incluye 300.000 euros para un teléfono para atender a víctimas de violencia intrafamiliar.
La caza y los toros. Han arrancado compromisos para la defensa de la caza y la protección de la tauromaquia.
