pamplona - Dicen los que saben de Derecho Civil navarro que casi todos los artículos denunciados por el Estado -ocho de un total de 596- pueden encajar con un recurso de tipo técnico, que se puede solucionar de forma amistosa y sin apenas perjuicios para la ley. Pero coinciden en que las objeciones a dos leyes pueden tener una mayor carga política: el recurso contra la dación en pago y la cesión de créditos. El Estado argumenta que, de alguna manera, Navarra pisa la competencia exclusiva que el Estado tiene -por medio del artículo 149 de la Constitución- en materia de bases de relaciones contractuales, razón por la que subraya dichas leyes. Para el Gobierno de Navarra, se trataría de una cuestión puramente formal, con la que el Estado busca dirimir si esas medidas pueden enmarcarse en una reforma de un Código Civil o si, por el contrario, se trata de una cuestión mercantil que tendría que hacerse por otra vía.

los “poderes fácticos” Pero puede que no todo sea tan formal y técnico como parece: EH Bildu e I-E, durante las preguntas formuladas ayer, deslizaron la idea de que detrás del recurso a la dación en pago y la cesión de créditos podría estar la mano de la banca y los especuladores, nada interesados en que una ley foral contemple la posibilidad de establecer la dación en pago como un método de extinción de deudas.

“El Estado se ha metido en cuestiones exclusivas de Navarra y que además profundizan en avances sociales, en derechos de la ciudadanía frente a otro tipo de intereses, como los de la banca o los poderes fácticos, que parece que ponerlos en cuestión ya molesta”, dijo Bakartxo Ruiz (EH Bildu) durante su intervención. “Es una forma de protegernos frente a los especuladores, un paso importante”, añadió Marisa de Simón (I-E). Javier Remírez, vicepresidente, recogió las críticas y se atrevió a decir que el Gobierno central “políticamente coincide” con la medida. “El Estado no cuestiona el fondo, solo quiere dirimir si esta es una cuestión del ámbito civil o del ámbito mercantil”, zanjó. - A.I.R.