pamplona - El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió ayer que hay que reformar “sin asustarse” el Código Penal, y en concreto se ha referido a las figuras penales de la sedición y la rebelión para afirmar que “son más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX” cuando se pensaba en ataques “con tanques en la calle”. Juan Carlos Campo pronunció estas palabras en defensa de una reforma que el Gobierno quiere culminar antes del verano en la apertura del V Encuentro de la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo. “Hoy vemos que la soberanía es atacada de otra manera y es necesario dar respuesta proporcional a esas actuaciones”, argumentó el titular de Justicia. Campo insistió en que “las nuevas realidades determinan cambios en el ámbito jurídico penal y el legislador debe estar atento a las demandas de la sociedad y no hay que asustarse por abordar nuevas realidades legislativas abriendo el debate en un sitio tan idóneo como es el Congreso de los Diputados”.
El Gobierno tiene varias opciones parlamentarias para sacar adelante la reforma del delito de sedición planteado esta semana por Sánchez, aunque en todos los casos debe sumar la mayoría absoluta del Congreso, un apoyo superior al que obtuvo en su investidura. Una reforma que ha levantado polémica y que la oposición ha calificado de “indulto encubierto”, ya que beneficiaría a los líderes independentistas encarcelados condenados por sedición a los que se aplicaría de forma retroactiva el tipo penal más favorable, y también dentro del PSOE: el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó ayer que el delito de sedición “se puede actualizar y al mismo tiempo clarificar”, pero advirtió que “no se debe mercadear con el Código Penal” y en este sentido, mantuvo que si los independentistas catalanes vuelven a ir contra la Constitución, “eso tiene que tener una condena muy severa”.
vías legales La primera opción para que esta reforma vea la luz es que el Gobierno decida llevar la reforma al Congreso a través de un proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros. Es la posibilidad principal que maneja la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, quien aseguró que se están valorando “distintas opciones” aunque esa es la más plausible. Lastra dejó claro que quien impulsa la revisión del Código Penal es el Gobierno y, por tanto, correspondería presentar un proyecto de ley, aunque tampoco se puede descartar que sea a través de la proposición de ley, que pueden firmar uno o varios grupos parlamentarios. En el caso de que sea el Gobierno quien tenga la iniciativa y antes de que el proyecto se presente al Congreso, el Ejecutivo tiene la obligación de elevar el texto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora y pendiente de renovación, para que emita su informe preceptivo sobre el alcance de la reforma.
El Gobierno tiene, además, la capacidad de realizar una tramitación de urgencia con el poder que le otorga que la izquierda controle la mayoría en la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara y el que decide la agenda parlamentaria.
La segunda opción es que el Gobierno de Pedro Sánchez decida ceder la iniciativa al PSOE, que podría presentar en solitario o junto a Unidas Podemos una proposición de ley de reforma del Código Penal con esa rebaja del delito de sedición. A diferencia de los proyectos de ley, las proposiciones de los grupos no deben someterse de forma obligatoria al informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial.
Una vez escogido el trámite parlamentario, la reforma quedará pendiente sumar esa mayoría absoluta de 176 votos necesaria para que pueda ser aprobada. En su investidura, Sánchez obtuvo 167 votos a favor, 165 en contra, y 18 abstenciones, por debajo de ese límite. Si se mantuvieran los apoyos, la iniciativa debería atraer el voto de alguno de los partidos que se abstuvieron en su investidura, como ERC o EH Bildu, algo más que seguro, teniendo en cuenta que la medida permitiría a los presos del 1-O salir antes de prisión y al líder de ERC, Oriol Junqueras, ser candidato a president.
El Gobierno tiene previsto impulsar la reforma no solo para revisar las penas por sedición sino también para abordar los delitos medioambientales y el consentimiento en las relaciones sexuales. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no obstante, defendió ayer que la ley del solo sí es sí no debe esperar a la amplia revisión del Código Penal porque “son cosas diferentes y es prioridad absoluta”. - M.G.
