pamplona - El Gobierno ha enfriado las expectativas ante la reunión del jueves entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat catalana, Quim Torra, y asume que el diálogo con el Govern catalán sobre el “conflicto político”, un asunto “complejo”, es “difícil” que pueda producir “frutos en el corto plazo”. Así lo ha expuesto la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que sí reconoció que el Gobierno ve este encuentro como un “hito”, en el sentido de que permita colocar unos “raíles” que permitan “seguir transitando” el camino del diálogo.

“Acudimos a la reunión con espíritu constructivo para escuchar qué tiene que decir (Torra) sobre todos los temas”, también los relacionados con el “día a día de los ciudadanos”, ha explicado Montero, que detalló que Sánchez irá acompañado de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, si bien inicialmente la reunión entre los dos presidentes será a solas.

Darias se incorporará si en algún momento se considera oportuna su presencia, precisaron fuentes del Ejecutivo, que ni siquiera han podido prever si del encuentro entre Sánchez y Torra saldrá algún comunicado conjunto como ocurrió en el encuentro en Pedralbes en diciembre de 2018; ni si alguien del Gobierno español comparecerá ante los medios de comunicación para dar cuenta del desarrollo de la reunión.

De la reunión con Torra el Gobierno ni siquiera prevé que en ella se concrete la fecha para la constitución e inicio de los trabajos de la mesa de diálogo pactada con ERC en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Si bien esta mesa sí está previsto que se convoque a partir de la entrevista entre los dos presidentes, ha precisado Montero.

Tampoco acude el Ejecutivo con ninguna propuesta concreta al encuentro con Torra como podría ser una reforma del Estatut, sino que se trata de una primera toma de contacto en la que el Gobierno sí testará la voluntad del president de mejorar la colaboración institucional en temas tales como inversiones en Cataluña, la mejora de la red de Cercanías o la asistencia a los afectados por el temporal Gloria, explican desde el Gobierno.

La reunión viene precedida de la presentación por Torra, de un recurso ante el Tribunal Supremo contra su condena de inhabilitación por desobediencia, argumentando que la sentencia persigue apartarle “ilegal e ilegítimamente” del cargo y constituye una “palmaria persecución política”. En su recurso, presentado ayer ante el Tribunal Supremo, Torra denuncia que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo condenó a año y medio de inhabilitación por negarse a retirar a tiempo los lazos amarillos vulnera hasta once principios legales, entre ellos el derecho a un juez imparcial, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.

El presidente catalán solicita al Supremo que, mientras no resuelva su recurso, deje en suspenso los efectos de su condena, entre ellos la pérdida de su condición de diputado, que acordó la Junta Electoral Central (JEC) y avaló la Sala contencioso-administrativa del alto tribunal, aunque puntualiza que no mantener el escaño no le impide seguir al frente del Govern.

Los abogados de Torra, Gonzalo Boye y Isabel Elbal, denuncian en el recurso, que han interpuesto al límite de que expirara el plazo, la “diferencia de trato” que creen que su cliente ha sufrido respecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también fue multado por la JEC aunque en su caso no se ha abierto ninguna causa penal. Ello obedece, según la defensa, al “grado de inquina” que genera Torra, que no se puede desvincular de sus posiciones políticas e ideológicas, lo que supone una “evidente discriminación” que “salta a la vista”, provocada por la “absoluta parcialidad” tanto de los miembros de la JEC como del tribunal que le juzgó y condenó.

parcialidad Y es que, según alega Torra, en su caso se ha producido una “palmaria persecución política” en la que ni la JEC ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña “no han guardado la más mínima apariencia de imparcialiad”. “Estamos ante decisiones que, revestidas de resoluciones administrativas y judiciales, no han pretendido sino apartar ilegal e ilegítimamente a Torra de los cargos que democráticamente ostenta”, expone el recurso, que denuncia que los miembros de la JEC actuaron “animados por su deseo de aniquilar a sus enemigos políticos”, aprovechándose de su “infinito poder”. - D.N.