pamplona - La exministra de Justicia Dolores Delgado se presentó ante el Congreso como una servidora pública sin "ataduras" con el Gobierno que le ha propuesto como fiscal general del Estado, pero PP, Vox y Ciudadanos la recibieron con un no rotundo, seguros de que se plegará ante el Ejecutivo y sus pactos. Más de tres horas y media duró su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el último trámite que debía superar antes de ser nombrada fiscal general y que, como se esperaba, no fue una sesión de guante blanco.

"Pueden no confiar en esta candidata, pero confíen en el sistema, confíen en el Estatuto del Ministerio Fiscal y confíen en la Constitución", pidió Delgado a los diputados tras garantizarles que su actuación se atendrá "siempre, siempre, al principio de legalidad, de imparcialidad y de transparencia". Ante la insistencia del PP y Ciudadanos, que le preguntaron si se abstendrá de intervenir en causas relacionadas con el procés o con el excomisario José Villarejo, dijo que se estudiará "caso a caso", porque no existen "causas generales de abstención", y precisó que la fiscal general interviene en "contadísimos asuntos".

Delgado repasó su currículum y su trayectoria fiscal de 30 años y consideró que, como servidora pública, el que haya sido ministra de Justicia antes de asumir el cargo de fiscal general "no debe entenderse como una debilidad, sino como una fortaleza". "Mal me conocen quienes pueden llegar a pensar que una servidora pública con alma de fiscal puede traicionar principios y convicciones que le han llevado hasta aquí en los últimos 30 años", dijo Delgado, quien presentó como "aval" su trabajo en la "trinchera" y en los "despachos" y su relación con la Fiscalía cuando fue ministra.

Enfrente se encontró con el "no firme, tajante y rotundo" del PP a su candidatura, al considerar que está "vinculada al pacto entre PSOE y ERC como el aguijón a su veneno". "Ustedes han venido a asaltar la Fiscalía (...) Han venido a ocuparla (...) Nos tendrá enfrente", le espetó el portavoz popular, Luis Santamaría, quien protagonizó una dura intervención y vaticinó que será una fiscal "genuflexa ante el Gobierno, guardiana del PSOE y defensora del independentismo".

Tanto el PP, como Vox y Ciudadanos recordaron que fue reprobada tres veces como ministra de Justicia, criticaron su actuación ante la causa del procés y rememoraron los audios de la comida que compartió en 2009 con Villarejo. "Viene a garantizar el pago de la deuda que ha contraído el presidente del Gobierno con sus socios comunistas, proetarras y golpistas", dijo el portavoz de Vox, Javier Ortega-Smith. Tampoco fue amable el recibimiento de Edmundo Bal (Cs), cesado como jefe penal de la Abogacía del Estado cuando Delgado era ministra al defender la acusación por rebelión, y no sedición, en la causa del procés. Para la formación naranja, la candidatura de Delgado, que "siempre estará bajo sospecha", es "una anomalía democrática inaceptable".

"Su prestigio se mantiene incólume a pesar de las barbaridades proferidas por las ultraderechas", señaló el diputado del PSOE Pablo Arangüena para arropar a Delgado tras las duras críticas recibidas. A su juicio, atribuirle aviesas intenciones es tanto como predecir el futuro. Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, oficializó el cierre de filas con la decisión del Gobierno y destacó que Delgado cumple los requisitos legales con una "cualificación intachable", obviando que en su día Pablo Iglesias llegó a pedir que fuera apartada del Ejecutivo por estar manchada por las "cloacas del Estado".

"Esperamos que haga bien su trabajo, que sea justa. Que se mantenga alejada de presiones políticas y mediáticas, que sea valiente y devuelva a la Fiscalía donde tiene que estar", manifestó la portavoz de ERC, Carolina Telechea, quien, como Podemos, JxCAT, EH-Bildu y la CUP pidió dar una oportunidad al diálogo y desjudicializar el conflicto catalán. "Valoramos más la legitimación por el ejercicio que por el origen", dijo el portavoz del PNV, Mikel Legarda.

Delgado ha agradecido ese voto de confianza y, entre sus objetivos situó la lucha contra los delitos de odio y la discriminación que impulsan "movimientos antidemocráticos", la violencia de género y sexual, la trata, el combate a la corrupción, y la protección del medioambiente.