- El juez que investiga el caso Delcy ha dejado fuera de la causa al PP hasta que presente una querella y le remita sus cuentas para que pueda exigirle una fianza. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha rechazado en un auto la pretensión del PP de ser considerado acusación popular en este caso sin necesidad de interponer querella ni presentar una fianza. El magistrado, que la pasada semana exigió 20.000 euros a Vox y 5.000 al Partido Laócrata para poder participar en el proceso, quiere que el PP siga los mismos pasos y le remita sus cuentas para fijar la cuantía de la fianza.
Los populares habían presentado una denuncia en otro juzgado (el 47) en la que pidieron con urgencia que se impidiera a AENA la destrucción de las cintas de la noche del 20 de enero cuando se encontraron en el Aeropuerto de Madrid-Barajas el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Pero ese juzgado se inhibió en el juzgado número 31 el pasado 21 de febrero y, a pesar de ello, aceptó tres días después la solicitud del PP de ejercer la acusación popular.
Serrano-Arnal reprocha a su compañero que aceptara la personación del PP sin formular querella y sin prestación de fianza y recuerda que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal "instaura la querella como el instrumento procesal necesario para que el acusador popular pueda ejercer la acción penal, siendo que también debe, dicho acusador (...) prestar fianza", y ninguno de estos requisitos se dan hoy con el PP. Ahora, el juez del caso establece que esa admisión no es suficiente e insiste en que para ejercer la acusación el PP debe presentar una querella y prestar una fianza, para lo cual pide que le entre sus cuentas anuales.
Por el momento no existe ninguna acusación popular en el asunto, ya que tanto a Vox como el Partido Laócrata se le fijaron 20.000 y 5.000 euros de fianza, respectivamente, que aún no se han aportado. El PP no fue el primer partido en mover ficha en este asunto -fueron los minoritarios laócratas- pero si el que logró la primera actuación judicial a raíz de la denuncia -no querella- que presentó al juzgado de guardia logrando que se ordenara a AENA no borrar las grabaciones que del encuentro que realizaron las cámaras del aeropuerto.
La citada denuncia del PP dio lugar a las primeras actuaciones judiciales del Delcygate después de que la magistrada de guardia de Plaza Castilla exigiera a AENA que mantuviera a resguardo estas cintas grabadas en Barajas el día que se celebró el encuentro.
Mientras realiza estos trámites en relación con las acusaciones populares el magistrado ya ha comenzado a investigar este asunto, y ha solicitado al Ministerio del Interior un informe que explique cuál es la normativa de funcionamiento del aeropuerto, así como quiénes son los funcionarios responsables de llevar a cabo su cumplimiento para comenzar a analizar si con el encuentro entre el ministro y la mandataria venezolana se infringió dicho protocolo. Ninguno de los tres se encuentran en este momento personados a falta de depositar las cantidades señaladas.
El presidente del PP, Pablo Casado, expresó ayer la disposición de su partido a aportar sus cuentas anuales como le ha solicitado el juez. "No tenemos ningún inconveniente en aportarlas (las cuentas)", declaró Casado en una rueda de prensa convocada en la sede nacional del PP en Madrid para informar de su plan de choque con medidas económicas para frenar el impacto del coronavirus en España.
Casado defendió que es "fundamental" la acción que llevó a cabo su partido al tener que acudir a un juzgado de guardia para que "no se destruyeran pruebas" sobre la grabación del aeropuerto relativa a la reunión que el 20 de enero mantuvieron el ministro de Transportes y la número dos del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El líder del PP subrayó que fue una "grave" reunión entre un ministro de España y una vicepresidenta de Venezuela "perseguida por Naciones Unidas y la UE por torturas y delitos contra los derechos humanos". "Se tiene que esclarecer la verdad, saber por qué acudió allí el ministro y qué responsabilidad o conocimiento tenía el presidente del Gobierno de España de esa reunión", enfatizó.
De la misma manera, el presidente del PP señaló que también hay que ver "qué repercusiones puede tener en la credibilidad de España, en las instituciones comunitarias y en el Grupo de Lima", que quieren "condenar y actuar contra el régimen dictatorial" de Nicolás Maduro.
Sin acusación. Por el momento no existe ninguna acusación popular en el asunto -que investiga el encuentro que mantuvo el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Barajas el ministro de Transporte, Movilidad, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez- ,ya que tanto a Vox como el Partido Laócrata se le fijaron 20.000 y 5.000 euros de fianza, respectivamente, que aún no se han aportado.
