- El Gobierno español mostró ayer su respeto por la “contundente” decisión de Felipe VI de eliminar la asignación oficial a su padre Juan Carlos y rechazar su herencia -renuncia que no podrá efectuar hasta el fallecimiento del rey emérito-. Sin embargo, Moncloa aboga por que se investigue a fondo el origen de la fortuna y de los fondos ilegales de Juan Carlos I, que según diversas informaciones procederían del cobro de comisiones durante décadas.
En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció la “relevancia e importancia” del comunicado de la Casa Real, que ve positivo, pero reclama que se deje trabajar a la Justicia para investigar de dónde proceden los fondos millonarios que han sido destapados en las últimas semanas. “Hay un fiscal en Suiza que está investigando, tenemos la autoridad judicial española y se verá el desarrollo. Este comunicado, con su propia trascendencia, relevancia y firmeza lo que nos puede hacer es confiar en las instituciones. Es una declaración de confianza en las instituciones”, expuso.
De cualquier manera, Grande-Marlaska cree que la ciudadanía merece y debe saber el origen de la fortuna millonaria de Juan Carlos I, por lo que debe investigarse a fondo. “Este país necesita evidentemente saber. Es un país transparente y que necesita seguir confiando en sus instituciones”, argumentó.
Sobre la renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre, y atendiendo al Código Civil, se trata más bien de una maniobra evasiva, ya que no puede rechazarla mientras el rey emérito siga con vida. Por tanto, el anuncio del jefe de Estado no es más que una declaración de intenciones que puede quedar en papel mojado en un futuro.
A este respecto, el Código Civil recoge claramente en su artículo 991 que “nadie podrá aceptar ni repudiar (una herencia) sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la herencia”. Otra norma, la 989, estipula que “los efectos de la aceptación y de la repudiación se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona de quien se hereda”.
Por tanto, el movimiento de Felipe VI queda en un simple anuncio sin efectos legales y motivado únicamente por la sucesión de informaciones que salpican a su padre y en algunos casos a él mismo, que figuraba como beneficiario de dos cuentas irregularres de Juan Carlos, los fondos Zagatka y Lucum, según publicó el diario británico The Telegraph. Lo que sí tiene efecto inmediato es la retirada de la asignación pública en los Presupuestos del Estado al rey emérito, aunque ha sido criticada la tardanza de esta medida, ya que la Casa Real tenía conocimiento de los fondos ilegales desde hacía por lo menos un año, según admite en el comunicado hecho público el pasado domingo.
La poca transparencia que rodea a la monarquía motivó ayer la protesta de algunas formaciones nacionalistas como el PNV y ERC, que reclamaron explicaciones inmediata. Así, el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, exigió que se aclare “todo lo sucedido” y que se abra una comisión de investigación, ya que no se puede obviar la gravedad de lo que rodea al jefe de Estado. “Habrá que aclarar todo lo sucedido y, como mínimo, modificar las leyes que impiden dar transparencia a sus actividades”, escribió Esteban en Twitter sobre la Casa Real.
En la misma línea se pronunció Esquerra, que lamenta que el anuncio se haya hecho “con nocturnidad y alevosía” y cree que no es suficiente para desvincular a la monarquía de una “actitud corrupta”. Por todo ello, su portavoz Gabriel Rufián anunció que ha hablado con nacionalistas y formaciones de izquierda para establecer un frente común e impulsar una comisión de investigación, que a priori respaldarían ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, BNG, Unidas Podemos y Más País.
“Hay que modificar las leyes que impiden que el rey dé transparencia de sus actividades”
Portavoz del PNV en el Congreso
