PAMPLONA. El Parlamento de Navarra debate este viernes los dos proyectos de Ley Foral tramitados por el procedimiento de urgencia para, en aras a una mayor seguridad jurídica, recoger el contenido de los dos Decretos de Ley Foral de medidas urgentes de respuesta al impacto generado por el coronavirus COVID-19.

La sesión, que se ofrecerá por streeming y a la que no podrán asistir periodistas, reunirá únicamente a los miembros de la Mesa y a los Portavoces de los grupos parlamentarios, además de a la representación del Gobierno.

El resto deben volver a formalizar la delegación del voto âel plazo expira el miércolesâ, cuestión voluntaria pero recomendada por razones sanitarias de interés público, dada la imposibilidad de celebrar, ya sea presencial o telemáticamente, plenos con los 50 representantes.

La traslación del contenido de los Decretos de Ley Foral 1/2020, de 28 de marzo, y 2/2020, de 25 de marzo, a sendos proyectos de Ley Foral responde a la recomendación de un informe de los servicios jurídicos de la Cámara.

El informe aduce que el Decreto Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus toca materias excluidas de su regulación, en concreto los Presupuestos Generales de Navarra para 2020.

Eso choca con lo dispuesto en la LORAFNA, donde se dispone que los Decretos no pueden afectar ni a los Presupuestos Generales de Navarra ni al régimen electoral.

Al respecto se apuna que el DLF 1/2020 se contiene una modificación de los Presupuestos para 2020 "en lo referente a los importes máximos de avales o garantías análogas y préstamos que las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y sociedades públicas pueden conceder para ayudar a las empresas que lo necesiten".

Dado el previsible aumento de la demanda de esos instrumentos jurídicos, el Decreto amplía de 30 a 40 millones el importe máximo a conceder por dichas entidades en cuanto avales o garantías análogas, y de 15 a 30 millones en cuanto a préstamos, por lo que "el riesgo vivo máximo se eleva de 97 a 107 millones, para avales o garantías análogas, y de 134 a 149 millones, para préstamos."

Es por eso que, para evitar una posible impugnación, los servicios jurídicos aconsejan su conversión en Ley Foral, al objeto de dotarlo de "todas las garantías jurídicas necesarias" para asegurar su plena eficacia.

Esta no es la única actividad parlamentaria prevista esta semana puesto que este miércoles se ha convocado por videoconferencia una nueva sesión de la Mesa y Junta de Portavoces para, entre otros asuntos, concretar las demandas de información y documentación requeridas por los diversos portavoces en relación al contenido de la Comisión de Régimen Foral prevista para el viernes.

El órgano de gobierno de la Cámara acordó el día 27 celebrar una sesión semanal de esa comisión para, en el marco de la función de control al Ejecutivo, mantener la interlocución entre el Gobierno de Navarra y los portavoces, en este caso ceñida a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus.

Como el resto de reuniones convocadas desde que la OMS catalogara el COVID-19 como pandemia internacional â11 de marzoâ, se llevará a cabo en el salón de plenos por streaming.