El Parlamento se enreda en el papel que debe tener la comisión de reconstrucción

Pero dejar negro sobre blanco el papel concreto que va a desempeñar la Cámara foral les va a llevar algo más de trabajo. La Mesa y Junta aprobó ayer, definitivamente, la puesta en marcha de una comisión especial -que estará presidida por Unai Hualde- que abordará el Plan Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu, que así es como se ha venido a llamar al plan de estímulo que tiene en la cabeza el Ejecutivo para enfrentarse a la crisis económica que dejará el virus. Pero los grupos, tras una sesión larga por las discrepancias que surgieron, no fueron capaces de concretar el método de trabajo ni el calendario, algo que quedará irremediablemente fijado mañana, fecha en la que echará a andar la comisión, que prevé culminar sus trabajos para el 30 de junio, para cuando se quiere tener preparado un pleno monográfico.

A pesar de que todavía tienen que rematar las medidas concretas, los grupos con representación parlamentaria ya se hacen a la idea de cuáles serán los ejes en los que trabajarán los partidos. La fiscalidad y la financiación, el papel de las instituciones forales, la necesidad de garantizar la calidad de los servicios públicos o la posibilidad de un rebrote serán algunos de los temas sobre los que se harán aportaciones.

Las discrepancias se produjeron no tanto por las cuestiones sectoriales sino por el papel que tiene que tener el Parlamento en la confección misma del plan, que compete, en teoría, al Gobierno.

Hay quien piensa, como los grupos que apoyan al Ejecutivo y Navarra Suma, que el Parlamento tiene su ámbito de acción y el Gobierno otro diferente. Que la Cámara puede hacer aportaciones y abordar los cambios que competencialmente le corresponden -modificaciones presupuestarias, por ejemplo-, pero que la puesta en marcha de un plan -con sus ejes, su calendario, sus políticas concretas- corresponde al Ejecutivo. Otros, como EH Bildu, creen que la Cámara tiene que tener mucho más protagonismo y hasta la última palabra en todo lo que se apruebe, al ser un órgano más representativo. “Es que no estamos hablando de un plan cualquiera”, ilustró Adolfo Araiz, ayer portavoz de EH Bildu, quien mostró sus dudas por el afán que tendría el Gobierno en evitar que el Parlamento tenga un papel verdaderamente efectivo. Es otra de las discrepancias: tal y como está pensada la comisión, los grupos harían aportaciones, las debatirían y aprobarían las que consideraran oportunas, y tras un pleno monográfico -con sus votos particulares- se remitirían al Gobierno, que podría tener o no en cuenta las aportaciones. Por contra, EH Bildu cree que el último en aprobar definitivamente el plan tiene que ser el Parlamento, no el Gobierno.

Y, por último, también hay dudas sobre cómo será el día a día mismo de la comisión. Aunque estaba previsto para ayer, los grupos no fueron capaces de fijar el calendario ni el método de trabajo. Es decir, de decidir si la comisión funcionará por áreas o por departamentos o cuántas propuestas podrá hacer cada grupo para evitar que el volumen de trabajo les pase por encima -se quiere terminar para finales de junio-. Aspectos que “quedan por afinar”, como dijo Mikel Buil (Podemos), pero de los que se saldrá pronto de dudas: como tarde mañana a las diez, cuando el Parlamento constituirá de forma definitiva la comisión y apruebe tanto su método de trabajo como el calendario definitivo.