El Parlamento de Navarra ha convalidado, con el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de Navarra Suma, el Decreto Ley Foral con medidas en materia de personal al servicio de la Administración y sus organismos autónomos que completa las medidas retributivas de un acuerdo sindical de 2018 y que afectarán a 5.000 trabajadores.
El acuerdo plurianual, suscrito en 2018 con LAB, CCOO y UGT, fue concebido para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, y contempla una serie de medidas en materia de personal que, en lo que atañe al ejercicio de 2020, se completan con la "posibilidad de autorizar" un incremento adicional del 0,30 % de la masa salarial.
Este aumento podrá destinarse, entre otros, a la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.
En la medida se realizan una serie de cambios que, entre otros, afectan a la denominación, encuadramiento, acceso y remuneración de los puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo (a partir de ahora Administrativo) y personal cuidador de Educación, a partir de ahora de nivel/grupo C.
Por otra parte, el personal de Servicios Generales y de Peón Auxiliar de Bombero verá incrementado en un 3,32 % el complemento de puesto de trabajo, mientras que al Celador se le asignará un complemento de destino de índice 1.
El complemento de puesto directivo de Jefaturas de Sección, Negociado y unidades asimiladas se calculará tomando como referencia el salario inicial correspondiente al nivel/grupo A, con independencia del nivel/grupo de encuadramiento que ostente la persona que desempeñe la jefatura.
Como inicio del proceso de equiparación en relación a la remuneración que vienen percibiendo los puestos de trabajo integrados en el nivel/grupo B, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales y Psicomotricistas verán incrementado en un 2,88 % el complemento de puesto de trabajo.
El Decreto Ley Foral 10/2020, cuyas medidas se aplicarán con carácter retroactivo al 1 de enero de 2020, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y tendrá su reflejo en la nómina de noviembre, ha defendido el vicepresidente del Gobierno, Javier Remirez, quien en el Pleno parlamentario ha subrayado la "clara apuesta" del Ejecutivo por el sector público.
A su vez, ha ponderado la valía del "personal cualificado, motivado e implicado" con el que cuenta la Administración foral, que "ha sabido adaptarse con gran nivel" a las excepcionales circunstancias derivadas de la COVID-19.
A favor, la socialista Virginia Magdaleno ha expresado su "plena satisfacción" por las medidas adoptadas, en las que ha destacado su "impacto de género", al tiempo que ha subrayado el "gran compromiso del Gobierno de Navarra" en favor de los derechos de sus trabajadores y su "trabajo constante" para llegar a soluciones consensuadas con los sindicatos.
También Uxue Barkos (Geroa Bai) ha dado su apoyo a la medida, si bien ha dicho "no cerrar la puerta" a "escuchar y, en caso de que sean pertinentes, atender", las demandas y reflexiones que se puedan exponer en ulteriores sesiones de trabajo.
Claro apoyo asimismo ha dado EH Bildu, cuyo portavoz, Txomin Gonzalez, ha alertado de que en muchos casos la evolución del trabajo no se ha adaptado al nivel económico y retributivo correspondiente, lo que "genera desmotivación y agravios entre colectivos", ha dicho satisfecho de una aprobación que, no ha ocultado, podría ser mejorable y cuenta para ello con su "sensibilidad".
Igualmente "satisfecho" se ha definido por Podemos Mikel Buil, quien ha incidido en que las medidas aprobadas, basadas en el pacto sindical de 2018, que "reconoce el esfuerzo y trabajo de las zonas mas precarias y feminizadas del trabajo" en la Administración.
En esa línea, Marisa de Simón (I-E) ha valorado la "mejora" de las condiciones retributivas de "los niveles más bajos y precarios" de la Administración, si bien ha alertado de los "parches" con los que el Gobierno aborda estos conflictos.
En esta idea ha coincidido Marta Álvarez (NA+), quien ha justificado la abstención del grupo porque considera "oportunas" muchas de las medidas aprobadas, pero considera que el acuerdo "no hace más que parchear y no aterriza en el verdadero problema, en dar una solución global a la función pública navarra", además de ofrecer "falta de coherencia" y un posible planteamiento de problemas jurídicos.
