La crónica de la semana

El Gobierno, en manos del Supremo

11.10.2020 | 00:38
La crónica de la semana, por Ibai Fernandez

El juez García Castellón eleva al Supremo sus sospechas sobre Pablo Iglesias con el Gobierno enfrentado al presidente del Alto Tribunal y en plena pugna política por el control del Consejo General del Poder Judicial

Hay un juez de la Audiencia Nacional que quiere que el Tribunal Supremo investigue al vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias. El caso, un poco enrevesado y exprimido hasta la confusión por los medios más afines a la derecha, gira en torno a la tarjeta del móvil de una asesora de confianza de Iglesias.

Todo se remonta a 2015, con Podemos en plena ola electoral, cuando a Dina Bousselham le roban el móvil de trabajo en un centro comercial de Madrid. Una copia de la tarjeta acaba en la revista Interviú, y otra en manos del excomisario Villarejo, comandante en jefe de todos trapos sucios que se mueven por los bajos fondos del Estado y fuente informativa de buena parte de los escándalos que ahora salpican a la elite política del país, incluido el rey emérito. El contenido termina publicado en OK Diario, un digital polémico y provocador muy vinculado a la derecha. Nada grave, pero suficiente para hacer ruido contra el líder de Podemos, que aprovecha la campaña para denunciar los intentos de "las cloacas del Estado" por evitar que su partido llegue al Gobierno central.

Pero el juez Manuel García Castellón no se cree la versión de Iglesias. Sostiene que en realidad fue el propio líder de Podemos quien filtra la información para su beneficio electoral, así que decide elevar la causa al Supremo acusando al vicepresidente de tres delitos: revelación de secretos, simulación del delito y daños informáticos. "Se está investigando a Pablo Iglesias por el espionaje ilegal a Pablo Iglesias", denuncia el diputado de Podemos, Rafa Mayoral. Los medios ya tienen material.

En manos del Supremo La causa ha acabado convertida así en el enésimo proceso judicial contra Podemos, sin que en ninguno de los anteriores haya salido nada punible. Esta vez sin embargo es el líder del partido quien se enfrena al escrutinio del tribunal. No hay base de fondo para una condena importante y la propia Audiencia Nacional duda de la versión del juez García Castellón. Pero quedan resquicios suficientes para abrir un proceso que acabe en juicio oral. Y ahí el líder de Podemos no solo se enfrenta al auto del juez, también al código ético de su partido. "Apertura de juicio oral significa dimisión", subrayó Iglesias en campaña electoral.

Así que el futuro del vicepresidente, el de Podemos y el del propio Gobierno de coalición pasan ahora por lo que resuelva la Sala de Admisión del Supremo. La misma que debe decidir sobre el rey emérito y los indultos a los condenados por el procés. Y que está presidida Manuel Marchena, el magistrado a quien el PP quería al frente del Poder Judicial porque así podría "controlar por detrás la Sala de Segunda de lo Penal", la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y demás aforados.

Este proceso llega además en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es también presidente del Supremo. Un enfrentamiento en el que Carlos Lesmes no ha dudado en utilizar la figura del rey para cuestionar la actuación del Ejecutivo de Sánchez, revelando de forma indirecta el interesado manejo de los tiempos con el que se comunican en España las sentencias con trasfondo político.

una justicia politizada Es el dibujo que ofrece hoy la Justicia española, tan diligente para procesar al vicepresidente del Gobierno como indolente para indagar en las irregularidades fiscales del rey emérito. Gestionada por un poder judicial en funciones desde 2018, y cuya renovación el PP tiene bloqueada para no perder el control logrado durante su mayoría absoluta. Una interinidad que no ha impedido al CGPJ hacer uso de su mayoría conservadora para seguir nombrado presidentes de los tribunales superiores provinciales y miembros del Supremo, estos últimos con plaza hasta su jubilación.

Resulta difícil creer en la imparcialidad de la justicia cuando PP y PSOE presumen de dar órdenes a la Fiscalía mientras se enfrentan públicamente por ver quién coloca más afines en las altas esferas de la judicatura. Cuando la Junta Electoral, tan permisiva con algunas actuaciones, inhabilita a un presidente autonómico por no retirar una pancarta del balcón. O cuando a los jóvenes de Altsasu se les deniega su derecho al juez natural para poder ser sentenciados por la Audiencia Nacional. Hay en España un problema con la judicialización de la política, pero también con la politización de la Justicia. Un problema que irá a más mientras a los principales miembros de la cúpula judicial se les conozca más por el partido que los ha nombrado que por su trayectoria profesional.

El futuro de Iglesias y del Gobierno de coalición quedan en manos del juez con el que el PP quería controlar el Supremo

En España hay un problema con la judicialización de la política, pero también con la politización de la Justicia