El TSJC inhabilita a los exmiembros de la Mesa del Parlament

Impone 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa a los cuatro dirigentes de JxSí por desobediencia y absuelve a Boya

20.10.2020 | 00:41

pamplona – El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó ayer a 20 meses de inhabilitación a los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament en la etapa de Carme Forcadell como presidenta por su "contumaz" desobediencia al Tribunal Constitucional para permitir la tramitación de las leyes del procés. En su sentencia, la sala civil y penal del TSJC condena a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó a 20 meses de inhabilitación para cargo público electo y a 30.000 euros de multa por desobediencia, como pidió la Fiscalía, mientras absuelve a la presidenta del grupo de la CUP en la pasada legislatura, Mireia Boya, porque no recibió ningún requerimiento directo del alto tribunal y no podía por su cargo impedir la tramitación de las leyes de desconexión.

Aunque aún no es firme, la sentencia podría tener como consecuencia añadida la pérdida de la condición de diputado para Lluís Guinó, el único de los cinco acusados que actualmente ostenta un cargo público por su escaño en el Parlament, si así lo establece la Junta Electoral.

En el juicio, celebrado en julio, los acusados denunciaron ser víctimas de una "causa general" contra el soberanismo, pero el TSJC mantiene en su fallo que no se les condena por su ideología, sino por su desobediencia como "aportación a un plan global y superior" para lograr la independencia de Catalunya. Califica por ello dicha desobediencia de "contumaz, obstinada, recalcitrante, persistente y abiertamente opuesta a las prescripciones del TC".

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, calificó de "barbaridad" la sentencia que inhabilita entre otros al aún diputado Lluís Guinó, que aseguró que seguirá en el grupo. "No por esperada es menos escandalosa", agregó Artadi. Mientras, la CUP consideró el fallo una nueva muestra "de represión" contra el independentismo. Añadió que la absolución de Boya "no puede esconder la realidad de un proceso judicial que nunca se tendría que haber producido".