- “¡Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar! Egin irri. Irabaziko dugu! (Sonreíd, vamos a ganar)”. Esta fue la reacción de Arnaldo Otegi tras conocerse la decisión del Supremo, todo ello a expensas de la comparecencia anunciada para este martes en la que hará un análisis político de la sentencia del alto tribunal.
Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu y parlamentario de EH Bildu en la Cámara vasca, escribió en su cuenta de Twitter: “12 años después de nuestra detención, tras haber pasado en la cárcel 6 años de forma absolutamente injusta e ilegal, tras una anulación europea y sin que siquiera exista ya esa organización, han decidido volver a juzgarnos por pertenencia a ETA. ¿Democracia? ¿Qué democracia?”.
Por su parte, el PNV aseguró acoger “con desagradable sorpresa y profunda contrariedad” la decisión del Supremo que “pone en flagrante cuestionamiento el principio de seguridad jurídica que consagra la Constitución Española”. A través de un comunicado, la formación jeltzale señala que los cinco procesados por el caso Bateragune “ya fueron juzgados sin las garantías procesales debidas” por este asunto, “por el que ya cumplieron de forma íntegra”. Recuerda la resolución del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, que “falló que los acusados habían sido privados del más elemental derecho a un juicio justo”, lo que, en consecuencia, “dejó sin valor todo aquel proceso”.
Por ello, añade que “se ratifica hoy” en la opinión expresada desde el inicio mismo de este proceso en la Audiencia Nacional. “Que constituyó un absurdo político-judicial sentenciar que todo era ETA en el mundo de la izquierda abertzale, que en el origen de los hechos se patentizaba una clara vulneración del derecho de reunión y que supuso un obstáculo innecesario en la normalización en la convivencia en Euskadi”.
Desde EA de Navarra denunciaron que “un Estado o una Justicia que permiten desmanes reales sin mover un dedo, que tolera actuaciones fascistas y que encarcele durante años a los jóvenes de Altsasu es un Estado con profundas carencias democráticas”.
A nivel sindical, ELA tachó de “disparate judicial” la decisión del Supremo, mientras que LAB la calificó de “escándalo”, al tiempo que reclamó el “fin de todos los juicios políticos en el camino de la solución democrática”.
