Diez días después de que salieran a la luz las grabaciones en las que el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto explica al entonces coronel del Cesid Alberto Perote que Mikel Zabalza murió en 1985 por las torturas que sufrió en el cuartel de Intxaurrondo tras ser detenido por agentes del Instituto Armado, el Ayuntamiento de Orbaizeta y la Junta General del Valle de Aezkoa han emitido este miércoles un comunicado institucional mediante el cual se suman a la manifestación convocada por la Red de Personas Torturadas de Navarra para el próximo sábado 6 de marzo en Pamplona. La marcha partirá a las 17.30 desde la vieja estación de autobuses.
Tal y como manifiestan en el comunicado, quieren mostrar un “total apoyo, consideración, respeto y acompañamiento institucional a la familia Zabalza Garate y a cuantas personas han sufrido las consecuencias de esa lacra, la tortura, que ha sido ejercida de manera sistemática”, a la vez que resaltan “la cruda y digna lucha” que ha llevado la familia y los amigos durante 35 años.
Por otro lado, instan a las instituciones del Estado y de Navarra a que “no miren para otro lado”, a reabrir el caso y a retomar las investigaciones pertinentes. “Que el Gobierno del Estado Español abra una investigación en torno a lo ocurrido con Mikel, con el objetivo de esclarecer los hechos, hacer un reconocimiento oficial y trasladarlo a la justicia”, añaden.
Cabe recordar que el Parlamento de Navarra aprobó este lunes una declaración institucional en la que “exige investigar a fondo” el contenido de estos audios “con el fin de saber la verdad en torno a la muerte del joven navarro”.
FORO SOCIAL: SOLUCIÓN DEFINITIVA
También el Foro Social Permanente entiende que es hora de dar una “solución definitiva al reconocimiento de las víctimas de la tortura” y pide que los responsables de estas prácticas o los que las ampararon “reconozcan el daño causado y que los gobiernos desarrollen los actos de reparación necesarios”.
Este colectivo ha hecho esta reivindicación este miércoles en un comunicado en el que considera que, “en la búsqueda de la verdad y la justicia para todas las víctimas, en este caso de la tortura, la solución no puede estar inspirada en la venganza”.
En su opinión, “la solución siempre deber ser la búsqueda de la justicia, pero nunca una justicia punitiva en clave de vendetta o represalia” ya que ésta solo traería, “también para los torturadores y sus responsables políticos”, “un alargamiento del sufrimiento y dificultaría la construcción de una convivencia democrática”.
El Foro Social Permanente señala que “existen mecanismos utilizados para este tipo de cuestiones previstos en el ordenamiento jurídico internacional como la justicia transicional”, concepto que hace referencia a la reparación de violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado.
No obstante, el colectivo entiende que “desde ya se pueden y deben dar pasos en este camino” en el que defiende que “las personas victimarias y las que tenían la responsabilidad política y ampararon la práctica de la tortura reconozcan el daño causado y que los gobiernos actuales desarrollen los actos de reparación que consideren necesarios”.
El Foro Social Permanente urge a “abordar en profundidad y en clave de resolución” esta cuestión que, en su opinión, “se encuentra de nuevo en la agenda política” y denuncia la existencia de “actitudes y declaraciones que ahondan en el desamparo de las víctimas de la tortura”.
Según sus datos, “de los 4.113 casos recogidos en el informe del IVAC y del Gobierno Vasco (a falta de un informe similar en Navarra) solo 31 han sido reconocidos por contar con sentencias judiciales, a los que hay que sumar los 72 casos reconocidos por el Decreto 107/2012 del Gobierno vasco (relativos al periodo 1960-1978). Es decir, existen todavía, al menos, 4.010 casos por resolver”, concluye.
