El Gobierno de España reconoce que el despido de Patxi Zamora, periodista y portavoz de Kontuz! que trabajaba como auxiliar de vuelo en Iberia, estuvo motivado por sus ideas políticas. Así lo reconoce el Ejecutivo en una respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado Íñigo Barandiaran (PNV) en el Congreso y que el jeltzale tilda de "escándalo inaceptable".
En ella, el Gobierno justifica el despido por que "la persona referenciada se integró en una lista electoral del partido político Acción Nacionalista Vasca (ANV) en las elecciones de 2007". Una respuesta insólita que admite, sin querer o queriendo, que el despido de Zamora en enero de 2018 (con el PP en el Gobierno) estuvo motivado por sus ideas políticas, algo incompatible con una democracia y contrario a la Constitución.
La respuesta roza lo surrealista. El Gobierno comienza explicando que en el caso de los trabajadores de la aviación civil, se realiza un "oportuno análisis de riesgos" con "comprobación de antecedentes reforzada". Un sinsentido, porque precisamente lo primero que demostró Zamora en su primera comparecencia pública fue su hoja de antecedentes penales recién sacada del Ministerio de Justicia, y que estaba inmaculada. Por lo tanto, la evaluación no debería haber pasado de un trámite sin repercusión alguna.
A partir de ahí, el Gobierno admite de lleno que no hay otra razón para su despido que su militancia política. La razón que esgrime el Ejecutivo es que Zamora integró las listas de ANV, una de las marcas de la izquierda abertzale que fue ilegalizada por el Supremo en 2008 al entender que este partido tenía una "conexión significativa con Batasuna", hasta el punto de afirmar que "ANV ha colaborado reiterada y gravemente con Batasuna y, en consecuencia, con la organización terrorista ETA". Es la teoría del 'todo es ETA' en su máxima expresión.
Con todo, el Gobierno recuerda al PNV que existe un mecanismo de defensa en casos en los que se denieguen las tarjetas de vuelo que habilitan a los auxiliares para trabajar, y en última instancia subraya que Zamora puede acudir a instancias judiciales, algo que lleva haciendo desde 2018.
Fue en enero de ese año cuando Iberia le notificó que la Guardia Civil había denegado la renovación de la tarjeta aeroportuaria que permite a los auxiliares de vuelo trabajar. Sin esa acreditación, Zamora no podía seguir trabajando, razón que propició su despido improcedente tras 31 años de trabajo sin tacha.
Desde entonces, Zamora peleó en todos los escenarios la injusticia de su despido, tanto en los tribunales como en la opinión pública. La respuesta del Gobierno, por su rotundidad, supone un antes y un después de un caso que ha ido desde el Parlamento de Navarra hasta el Parlamento Europeo en lo político y en el Supremo en lo judicial, y que puede estar más cerca de resolverse.
