El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, escurrió este martes el bulto en el caso de Patxi Zamora y evitó pronunciarse sobre la posbilidad de que el Gobierno de España tome alguna medida para subsanar los perjuicios sufridos por el auxiliar de vuelo de Iberia y portavoz de Kontuz, que fue despedido hace tres años después de que la Guardia Civil le retirara la tarjeta aeropuertaria que necesitaba para trabajar al declararle no apto por considerarlo "persona cercana a entornos potencialmente peligrosos".
Lejos de pronunciarse sobre esta cuestión, Marlaska se escudó en que se trata de "un asunto judicializado" para no dar ni siquiera su opinión. "Por tratarse de un asunto previo a que llegáramos al Gobierno, por estar judicializado y por respeto a la labor que están realizando jueces y tribunales, el Gobierno no debe anticipar actuaciones a realizar hasta conocer el sentido de resoluciones judiciales", se limitó a decir el ministro ante una pregunta formulada por la senadora del PNV Maribel Vaquero en la sesión de control celebrada en el Senado.
Vaquero explicó que Zamora fue despedido tras 31 años de trabajo en la compañía aérea porque la Guardia Civil le retiró, arbitrariamente, la tarjeta aeroportuaria necesaria para trabajar. La senadora recordó que el propio Ejecutivo reconoció recientemente que los motivos de su despido fueron puramente ideológicos, motivados por su militancia política al haber integrado en 2007 las listas del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV).
INDEFENSIÓN Y ARBITRARIEDAD
Maribel Vaquero denunció la "arbitrariedad e indefensión" que padeció Zamora al utilizarse de forma improcedente archivos policiales en la evaluación de idoneidad realizada por la Guardia Civil. Asimismo, la senadora incidió en que, en respuesta a una iniciativa llevada a cabo por la eurodiputada Izaskun Bilbao, el Comisario Europeo de Justicia advirtió de la imposibilidad de utilizar este tipo de archivos en procedimientos administrativos si no se dota a los afectados de las suficientes garantías que señala el Reglamento General de Protección de Datos.
Sin entrar ni siquiera de refilón a este asunto, Marlaska remitió a la senadora a las respuestas escritas realizadas anteriormente por el Ejecutivo, lo que provocó que Vaquero expresara su insatisfacción por la respuesta. "Lamento que se escude en los juicios que están pendientes", le dijo la senadora.
En el turno de réplica, Marlaska siguió con la misma argumentación. "Como le indicamos a su compañero en el Congreso, existe dos demandas, una civil y otra administrativa, contra Aena y una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social de Madrid, y por respeto a la separación de poderes en un asunto judicializado, no voy a emitir ninguna opinión", afirmó Marlaska, que negó que estemos ante una "persecución política"
"El hecho de que esté en sede judicial constata que no existe indefensión para el interesado y es ahí donde se concluirán los derechos que también él ejercita", añadió el ministro del Interior.
