- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha marcado como una prioridad aprobar una modificación legislativa “lo antes posible” para sancionar administrativamente los ongietorris. Sin embargo, rechaza una reforma del Estatuto de la víctima para que puedan recurrir decisiones como la concesión del tercer grado o los permisos penitenciarios.

En una entrevista en RNE, Grande-Marlaska defendió la necesidad de legislar contra estos actos: “Si dentro de los márgenes del Estado de derecho, del derecho penal, esas conductas se entiende que no son susceptibles de constituir un delito de enaltecimiento, nosotros estamos trabajando, y ya tenemos un borrador avanzado, para que se constituya en una infracción de carácter administrativo con la sanción correspondiente”.

“Hay actos públicos que denotan ausencia de sensibilidad, una ausencia de valores democráticos”, añadió el titular del Interior, que quiere impulsar un régimen sancionador mediante una reforma de la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, una reforma que quiere tramitar “con las propias asociaciones de víctimas” al ser “uno de los objetivos prioritarios” del Ministerio del Interior.

Sin embargo, el ministro del Interior afirmó que no contempla una modificación del Estatuto de la víctima para que puedan intervenir en la ejecución de penas, los terceros grado o los permisos de salida de los presos. “Tenemos ya el Estatuto de víctimas del terrorismo del año 2015, donde prevé la posibilidad de intervención de las víctimas recurriendo concretas resoluciones en materia de ejecución”, explicó en alusión a la libertad condicional.