La Hacienda Foral de Navarra va a tener que asumir un sobrecoste de 93 millones entre los años 2020 y 2029 para hacer frente a los gastos derivados de la política de descuentos que se aplica a los usuarios de la AP-15 que enlaza Tudela con Irurtzun, de acuerdo con la estimación realizada por la Cámara de Comptos en el informe que ha hecho público esta mañana.
La razón de este incremento reside en el conflicto que se originó el año pasado entre Audenasa (la empresa que explota esta autopista y que en un 50% es de propiedad privada) y el Gobierno de Navarra, debido al acusado descenso de usuarios que provocaron las restricciones de movilidad por la covid-19.
CAÍDA DEL TRÁFICO Y DE LOS INGRESOS
Dado que el tráfico bajó un 22% durante el pasado año, llegando a reducirse un 70% en abril, con la fórmula que se aplica para compensar la pérdida de ingresos que sufre la empresa por los usuarios de la autopista que disfrutan de bonificaciones, la cantidad de dinero que debía abonar el Gobierno de Navarra a Audenasa era negativa entre marzo y junio.
Para analizar este inesperado escenario fruto de una situación de excepcionalidad, se constituyó un grupo de trabajo con la delegada del Gobierno de Navarra en la empresa y personal de Audenasa que concluyó que la aplicación de la fórmula pactada no era adecuada.
En noviembre de 2020, Audenasa emitió una factura por el pago de la compensación de ese mes y la regularización del periodo enero-octubre, de acuerdo a la propuesta del grupo de trabajo.
DECISIÓN RECHAZADA POR LA INTERVENCIÓN GENERAL
La delegada del Gobierno de Navarra en Audenasa aceptó el abono de la factura, que ascendía a 6,3 millones, pero la Intervención General del Gobierno de Navarra, sin embargo, emitió un reparo suspensivo.
Alegó que el cambio en la interpretación de la fórmula suponía un perjuicio para la Hacienda Pública y que debía seguir aplicándose como hasta entonces, lo que disminuía el importe de la factura a 1,2 millones.
La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, aprobó una orden foral en diciembre de 2020 con el pago de dicha cantidad y Audenasa presentó un recurso de alzada en febrero de 2021 pidiendo el abono de 6,3 millones.
Tanto la delegada del Gobierno de Navarra en Audenasa y el secretario general técnico del Departamento de Economía y Hacienda emitieron sendos informes avalando la postura de Audenasa. La Intervención General, por el contrario, se posicionó en contra de estimar el recurso. El Gobierno de Navarra resolvió la discrepancia y estimó el recurso de alzada de Audenasa, ordenando el pago de 6,3 millones.
La Cámara de Comptos concluye en el informe que la actuación del Gobierno de Navarra es conforme a la normativa aplicable, pero pone objeciones a esta decisión.
Tras la presentación del recurso de alzada de Audenasa, indica el informe, "el Gobierno de Navarra realizó una interpretación del contrato, prerrogativa recogida expresamente en los artículos 34 y 142 de la Ley Foral de Contratos Públicos".
La justificación de la interpretación del contrato está soportada en los informes favorables a la estimación del recurso, base del acuerdo del ejecutivo.
No obstante, el informe señala que la interpretación de la fórmula debía de haberse realizado al presentar la factura y no a posteriori, lo que le hubiera dotado de una mayor seguridad jurídica.
La interpretación realizada tiene efectos económicos en el cálculo de la recaudación teórica de 2020, que pasa de 31 a 38 millones, lo que condiciona la compensación a Audenasa y el valor de los indicadores económico-financieros de la empresa.
Si se cumplen las previsiones del plan económico financiero de la empresa, la interpretación realizada supondrÁ un incremento de la compensación de 93 millones entre 2020 y 2029.
"Teniendo en cuenta dichas previsiones, en cualquier caso Audenasa tendría resultados positivos", destaca Comptos.
La interpretación de la fórmula supone que el resultado de la explotación en el periodo 2020-2029 pasa de los 482 millones previstos a 466 millones. Si no se hubiera estimado el recurso, dicho resultado sumaría 373 millones.
El informe recomienda que se modifique el convenio entre el Gobierno de Navarra y Audenasa para evitar la necesidad de interpretación en caso de circunstancias sobrevenidas. También pide que se hagan análisis exhaustivos sobre el impacto económico antes de tomar decisiones como ésta.
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