La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido la necesidad de prorrogar las medidas antidesahucios si pasado el 9 de agosto, momento en el que deja de estar vigente el actual decreto, no está lista la nueva Ley de Vivienda.Así lo trasladó ayer a los medios tras visitar el centro de día para mayores Ferrusola, en Sevilla, y en referencia a que el Ejecutivo lance un nuevo decreto para mantener la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional.

La titular de Derechos Sociales detalló que en Unidas Podemos están “preocupados” por la situación de emergencia habitacional y que son conscientes de que el escudo social “tiene que permanecer vigentes mientras sea necesario”, dada la actual crisis económica.

Tras indicar que estas medidas se tendrían que prorrogar a partir del día 9 de agosto, enfatizó que los desahucios sin alternativa habitacional “no tendrían que producirse en una democracia avanzada”.

De cara a ese futuro nuevo decreto, UP solicita aumentar los criterios de vulnerabilidad a la hora de aplicar nuevas medidas que frenen desahucios sin alternativa habitacional, de cara a proteger a más personas y pueda aplicarse a cualquier tipo de lanzamientos.

Así lo explicaron fuentes de la formación ante la opción de que el Ministerio de Transporte elabore un nuevo real decreto ley sobre medidas antidesahucios para mantener la protección habitacional a familias vulnerables, en caso de que expire la suspensión que está vigente hasta el 9 de agosto y aún no esté lista la nueva Ley de Vivienda, que persigue incorporar también esa prohibición de lanzamientos sin alternativa habitacional.

De esta forma, el espacio confederal “vuelve a poner encima de la mesa” al menos tres medidas que considera “imprescindibles” para que se “cumpla el acuerdo de gobierno y sea realmente efectivo”.

Concretamente, demandan la suspensión de desahucios para familias vulnerables mientras no haya una alternativa habitacional “real” que sea una vivienda. Por tanto, Unidas Podemos insiste en que se desechen los realojos en albergues.

También reiteran que se incluya, en caso de que se despliegue ese posible decreto, la condición de que el juzgado que aborde los procesos de desahucios tenga que solicitar “obligatoriamente” un informe a los servicios sociales que determine si el afectado es vulnerable.

En esta línea, Unidas Podemos demanda aumentar los criterios de vulnerabilidad para que “más personas puedan estar protegidas y que se aplique a cualquier tipo de desahucio”.