En el aire miles de multas impuestas en Navarra en el primer estado de alarma

Con una mayoría simple de 6 a 5, el alto tribunal considera ilegal la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que fijaba la norma, así como la capacidad del ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial. Decantó la balanza la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca -cercana en su día al PSC y elegida a propuesta de CiU-, en un Pleno que cuenta con un magistrado menos, once, tras la salida de Fernando Valdés; mientras que formularon votos particulares -tres de corte progresista y dos conservadores- el presidente Juan José González Rivas y los magistrados Andrés Ollero, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Roca denunció en el Pleno "presiones", sin citarlas, para condicionar su postura. La resolución es un varapalo para la medida que fijó el Ejecutivo, que respeta pero no comparte el fallo, dado que la fuerza de ultraderecha avaló la alarma la primera vez que se votó en el Congreso de los Diputados.

La sentencia tiene lugar después de un encendido debate para posicionarse respecto a la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano. En concreto, el tribunal de garantías declara inconstitucionales y nulos los puntos 1, 3 y 5 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas; así como que se habilitara al Ministerio de Sanidad para "modificar" o "ampliar" las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales y actividades recreativas, así como las actividades de hostelería y restauración. Con el apoyo al texto se admiten algunos planteamientos del recurso presentado por el partido de Santiago Abascal, que fue el primero en acudir al Constitucional para impugnar los decretos dictados por el Gobierno durante la crisis sanitaria. La ponencia aprobada contempla que las medidas más restrictivas del decreto hubieran sido merecedoras de una declaración del estado de excepción en el Estado español, que requiere un permiso previo del Congreso, por sobrepasar los presupuestos del estado de alarma. Y es que otra de las claves de la discusión ha residido en dilucidar si el primer estado de alarma supuso una suspensión total de los derechos fundamentales afectados o una mera limitación de los mismos que sí podría estar amparada por la figura del estado de alarma.

Según difundió el Pleno, el TC sí que decidió, por un lado, rechazar la pretensión de inconstitucionalidad dirigida contra la Orden de Sanidad del 29 de marzo de 2020, por la que se fijan medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el covid. El Gobierno argumentaba que, en el marco de las "especiales características que rodean las ceremonias fúnebres", era "difícil asegurar la aplicación de las medidas de contención y distanciamiento con la separación interpersonal de más de un metro necesaria para limitar la propagación del virus".

Sin embargo, sí se estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra el real decreto de estado de alarma, y, en consecuencia, el TC declaró inconstitucionales las medidas que afectaron a derechos fundamentales. El escrito dice que la intensidad y gravedad de esas limitaciones, y el derecho de circulación, fruto del confinamiento domiciliario, derivaron en una suspensión sin acomodo en la Constitución. Ahora bien, el ponente no cuestionaba las restricciones de esos derechos fundamentales sino el instrumento que utilizó el Ejecutivo de Sánchez para llevarlo a cabo, pues entiende que el estado de alarma no permite una suspensión generalizada de esos derechos. No se pone por tanto en tela de juicio la idoneidad de las medidas restrictivas, al enmarcarse en una pandemia global y en que fueron semejantes a las de los países de nuestro entorno.

El fallo deja sin cobertura legal cientos de miles de multas por incumplir el confinamiento. Una vez publicado el dictamen, los ciudadanos podrán reclamar su nulidad, salvo en los casos en que se iniciara un procedimiento contencioso y haya concluido ya de manera firme. Lo mismo con los procedimientos penales aún abiertos por desobediencia a las autoridades. Los que aún no estén cerrados en firme deberán concluirse con el archivo o la absolución.

Invalida miles de multas. La decisión deja sin cobertura legal cientos de miles de multas que se registraron por incumplir el confinamiento general. Fueron las impuestas en aplicación del artículo 7 del real decreto del estado de alarma, que exponía la "limitación de la libertad de circulación de las personas". Cuando se publique la decisión del TC, los ciudadanos podrá reclamar su nulidad, salvo en los casos en que se iniciara un procedimiento contencioso y este haya concluido de manera firme.

Navarra acumuló hasta mayo más de 42.000 propuestas de sanción desde que se inició la pandemia, realizadas por la Policía Foral, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Municipal de Pamplona y los distintos cuerpos locales por incumplimientos de las restricciones decretadas en materia sanitaria y seguridad ciudadana.

Durante la segunda fase del estado de alarma, que se declaró el 25 de octubre, los diferentes cuerpos policiales que trabajan en la Comunidad Foral han cursado más 20.000 propuestas de sanción, una cifra que supone 6.000 más que durante el primero, que discurrió entre el 15 de marzo de 2020 y el 21 de junio de 2020, según los datos facilitados por los tres cuerpos policiales con competencia en toda Navarra (Policía Foral, Guardia Civil y Policía Nacional) y los principales cuerpos de policía local de la comunidad, incluidos los de toda la Comarca de Pamplona (salvo Egüés, al no ser posible disponer de ellos), así como los de Tudela, Estella-Lizarra y Tafalla.

LAS MÁS COMUNES No respetar el toque de queda y no usar mascarilla son las dos infracciones más comunes denunciadas por la mayoría de los cuerpos policiales. En concreto, la Policía Foral ha realizado en el conjunto de la pandemia 12.855 propuestas de sanción por incumplimientos de las restricciones, la mitad de las cuales son denuncias cursadas durante el segundo estado de alarma (6.431). De estas últimas, 1.735 se refieren a infracciones por saltarse el toque de queda y 1.558 por el uso de mascarillas. La Guardia Civil, por su parte, ha denunciado a 6.404 personas en Navarra desde que comenzó la pandemia (3.166 en el segundo estado de alarma), mientra que la Policía Nacional ha realizado 3.627 denuncias, de las cuales 1.007 corresponden al segundo estado de alarma. De ellas, 331 se refieren a incumplimientos del toque de queda; 43 por realizar botellón en la calle; y otras 23 por incumplimiento de medidas sanitarias en ámbitos privados.