l Gobierno de Navarra ha presentado esta semana el anteproyecto de Presupuestos para 2022. Unas cuentas públicas que alcanzan la cifra récord de 4.767 millones gracias sobre todo a los fondos europeos y a una nueva emisión de deuda pública. Y a las que acompaña una reforma fiscal con escasas novedades en el Impuesto de Sociedades y una cuestionable rebaja en el IRPF.
Vayamos por partes. Los Presupuestos mantienen una clara línea continuista con los ejercicios anteriores. Crece el gasto en todos los departamentos y se mantiene la inversión extraordinaria aprobada para la pandemia, sobre todo en Salud y en Educación. Sigue habiendo déficits importantes en ambos departamentos, cuyos problemas estructurales volverán a quedar expuestos conforme escampe la pandemia. Pero el esfuerzo del Gobierno en ambas áreas resulta innegable.
La novedad principal en cualquier caso son los fondos europeos. De momento 162 millones, pero serán más conforme los ministerios resuelvan las convocatorias pendientes. Y ahí hay un poco de todo. De ayudas a la transición digital para las empresas y a la rehabilitación de vivienda, pasando por nuevos centros educativos, mejoras en la atención social y una apuesta por el autoconsumo energético.
El destino de los fondos viene definido ya desde Madrid, que es quien fija los criterios de reparto. Así que el margen de decisión del Gobierno foral, que es quien debe gestionarlos, es limitado. El reto ahora pasa por ejecutarlos en tiempo y forma, porque todo lo que no se haya realizado antes de 2026 ya no se podrá gastar.
Los Presupuestos incluyen además otros 200 millones de deuda pública, el equivalente al 0,9% del PIB y el tope autorizado por el Estado, lo que volverá a dejar en máximos históricos el endeudamiento. Un déficit asumible ahora por los bajos tipos de interés, pero que antes o después habrá que ajustar con la vuelta paulatina a las políticas de estabilidad suspendidas durante la crisis sanitaria.
El Gobierno en cualquier caso afronta 2022 con optimismo. Un año fundamental para sus expectativas electorales en el que, tras dos años marcados por la pandemia, confía en poder visualizar algunos proyectos clave de la legislatura. Cuenta para ello con el apoyo de EH Bildu, con quien esta semana ha pactado la reforma de la financiación municipal y varias modificaciones en el anteproyecto por una cifra cercana a los 10 millones. El acuerdo no es definitivo, pero prácticamente le garantizan la aprobación de los terceros Presupuestos de la legislatura. Serán los séptimos consecutivos, síntoma claro de la estabilidad política que vive Navarra desde que UPN dejó el poder.
Queda sin embargo en el aire la reforma fiscal. Una medida controvertida que previsiblemente va a generar discusión durante el trámite parlamentario. De entrada, porque Hacienda renuncia a cualquier modificación de calado en el Impuesto de Sociedades. Se elimina la deducción por creación de empleo (cuatro millones), pero se sustituye por medidas de fomento a la contratación directamente desde los presupuestos.
Alega el Gobierno, y no le falta razón, que la coyuntura económica no permite grandes cambios en la carga fiscal de las empresas. Sobre todo en un entorno de gran competitividad fiscal. Hacen falta medidas para recuperar la recaudación por los beneficios empresariales, pero para ser efectivas deberán ser de ámbito estatal y, sobre todo, europeo.
Más controversia genera la reforma del IRPF. La propuesta de Hacienda pasa por una bonificación de 100 euros para las rentas de menos de 30.000, una deflactación de la tarifa para esquivar el efecto de la inflación en los salarios y un aumento de 50 euros en los mínimos personales para todos los contribuyentes, también para aquellos con sueldos más altos, y que será mayor si tienen hijos.
La medida, que recuerda mucho a los 400 euros que Zapatero prometió en la campaña electoral 2008, resulta difícil de justificar desde el punto de vista del rigor presupuestario. Sobre todo en un escenario de postpandemia en el que para sostener el gasto hay que recurrir a la deuda pública. Y porque es además una rebaja estructural con un coste de 56 millones al año que se mantendrá también en futuros ejercicios al margen de la coyuntura económica.
Pero todavía lo es menos desde el punto de vista de la equidad tributaria y de la justicia social. La deflactación de la tarifa beneficia más a las rentas altas que a las bajas y, por muy atractivos que parezcan, ni 100 ni 50 euros arreglan una economía familiar. En cambio, supone un importante esfuerzo presupuestario que se podría destinar a avanzar en la gratuidad del ciclo 0-3, a subvencionar el transporte público o a mejorar las carreteras. No será fácil argumentar a partir de ahora que no hay dinero para todo.
La rebaja tiene además un claro componente oportunista. Se hará efectiva con la declaración de la Renta de 2023, en plena campaña electoral, y permitirá a los partidos que apoyan al Gobierno acudir a las urnas con un atractivo señuelo. Pero lo harán a costa de renunciar a un debate ideológico imprescindible en una sociedad cada vez más individualista. Un problema crónico para la izquierda, que a largo plazo acaba perdiendo todas las batallas en las que acepta el marco y el relato que le impone la derecha. Incluso cuando gana las elecciones.
No parece una casualidad que el cheque fiscal que todos los contribuyentes recibirán con la renta de 2023 coincida en año de elecciones
Resulta difícil de justificar una rebaja de impuestos de 53 millones cuando hay que recurrir a otros 200 de deuda
