Franc Cortada (Barcelona, 1971), ingeniero de profesión, dirige Oxfam Intermón desde el año pasado. Su organización está presente en 90 países del mundo. Esa experiencia aporta "legitimidad, conocimiento y credibilidad" para una ONG que además de su presencia internacional, apuesta por la incidencia política frente al Estado español "desde el rigor del análisis", a menudo en alianza con otras entidades y con "la legitimidad" de los 180.000 socios que otorgan su confianza a Oxfam Intermón. Cortada advierte sobre la colisión de la pandemia, y abre el foco: "Si en España la pobreza y desigualdad han subido durante la covid, podemos imaginarnos el impacto descorazonador a nivel global".
Abordaron en Pamplona si es posible acabar con la pobreza severa en España antes de 2050.
Hombre, espero que sea para antes, 2050 se me antoja tardísimo. España es una de las economías más avanzadas a nivel europeo y mundial, no es de recibo que tengamos cinco millones de personas en pobreza severa y prácticamente un 23% de personas en situación de pobreza relativa.
Una realidad tremenda.
La cuestión es por qué, cómo hemos llegado hasta aquí , y cómo le damos la vuelta para erradicar la pobreza no en 2050, sino en 2030, y bajar además los niveles de pobreza relativa.
¿Y cómo hemos llegado hasta aquí?
Básicamente, por dos grandes factores, el primero estructural, que es la precariedad del mercado laboral, con niveles de desempleo de los más altos del entorno, bajos salarios, baja calidad de empleo, muchísima rotación y temporalidad, parcialidad no deseada, y todo eso con un rostro de mujer.
¿Y el segundo factor?
Un Estado que hasta la fecha se ha mostrado incompetente en dar respuesta a esta situación de pobreza y de desigualdad en España, con un sistema de transferencias públicas que no estaba a la altura del desafío. Con muy bajos niveles de inversión, por debajo de la media europea, con niveles de eficacia y eficiencia para reducir la pobreza también muy bajos. Y con muchísima dispersión de instrumentos.
Habrá gente que se sorprenda al leer sus reflexiones en nuestras páginas de Política.
Hemos llegado aquí por malas decisiones políticas. La actual situación de pobreza y desigualdad en España tiene muchísimo que ver con la salida de la crisis anterior, marcada por una precarización del trabajo y por una desinversión pública de todos los sistemas públicos de protección social, de salud y de educación. Esa década, desde 2009 hasta ahora, marcada por esas decisiones, son las que nos han llevado a donde estamos ahora, y la forma de darle la vuelta ahora también es política. La pobreza no es un designio del destino.
Ni un tema primordial en la agenda política.
No lo es y debería serlo, porque cuando hablamos del Estado del bienestar y del Estado de Derecho, la responsabilidad de los Gobiernos justamente es la de velar por el conjunto de la ciudadanía, y especialmente por aquellos colectivos más vulnerables. A la gente se le condena a la pobreza, que es la consecuencia de falta de oportunidades y de mecanismos de compensación para ayudarte en momentos que la vida te va mal y necesitas ese sostén de la Administración pública, que te ayude a pasar un bache para salir de ahí y retomar tu vida.
Esa precariedad estructural puede deslizar hacia la pobreza.
Cuando hablamos de miles de hogares en esa situación de pobreza, hablamos de gente que tiene una media de 16 euros al día para gastar, con la angustia y el vértigo de no saber si mañana va a poder pagar la lista de la compra del supermercado, o si le van a llegar a la vez la factura de la luz y el alquiler, y va a tener que escoger qué paga y qué no paga. Y cuando hablamos de precariedad laboral, estamos constando que en España en 2019 se firmaron 20 millones de contratos, el 95% de ellos temporales, en muchas ocasiones encadenados de semana en semana. Ahora mismo, emanciparse o encontrar un contrato mínimamente estable es un sueño al que muchísimos jóvenes han renunciado.
La reforma laboral sigue en el candelero.
Tenemos que ir hacia un mercado laboral y a una estructura de empleo de calidad, y eso significa regular la temporalidad, la subcontratación, la parcialidad, y los falsos autónomos, abordando también la transformación del tejido productivo. Esos fondos europeos tienen que ayudarnos a empezar a transformar ese modelo económico y hacerlo migrar hacia sectores de mayor valor agregado. Una evidencia: tenemos ahora mismo prácticamente un 14% de población activa empleada que está en situación de pobreza.
Desde la izquierda uno de los lemas más subrayados es que en esta crisis no se iba a dejar a nadie atrás, cuando estructuralmente tenemos este cuadro.
Pero de no haberse puesto en marcha las medidas de contención tomadas durante la pandemia, lo que veríamos ahora serían cifras muchísimo peores. Medidas como las ayudas económicas directas a empresas, los ERTE o la implementación del Ingreso Mínimo Vital, seguro que con margen de mejora; si no hubieran existido todos esos mecanismos de contención y mitigación que han amortiguado el golpe, ahora mismo estaríamos en cifras muchísimo peores de pobreza y desigualdad.
¿Además de la mejora laboral y en el Ingreso Mínimo Vital en qué se tiene que poner las pilas el Gobierno?
En muchas cosas, pero de entrada en una reforma fiscal para inyectar mayor nivel de gasto en el sistema público y garantizar unos servicios de calidad.
¿Inmediata?
Desde luego en esta legislatura, porque la realidad es que España tiene un sistema fiscal con el que recauda poco y mal. Estamos siete puntos por debajo de la media europea. El 88% de la recaudación recae sobre las familias, con lo cual es un sistema claramente regresivo.
El Gobierno, en su informe España 2050 , admite que el ascensor social necesita reactivarse. Esto revela un problema democrático enorme.
La realidad española es que la rentas bajas son las más afectadas de forma desproporcionada a todos los niveles, por ejemplo laborales. Estamos en el furgón de cola de la Unión Europea, España es el tercer país en pobreza infantil y el último en capacidad de reducirla. Desde 2009 no hemos bajado de un millón de niños y niñas y adolescentes en situación de pobreza. Eso hay que abordarlo como una prioridad institucional, y hay que poner el interés superior del menor por encima, porque si no, seguimos condenando a generaciones de niños a una situación de pobreza estructural.
Con esa realidad inasumible, ¿qué actitud encuentran en los partidos?
Cuando uno tiene un compromiso político lo siguiente es cómo se traslada a un plan de acción real, se dota de presupuestos, y se implementa en niveles muy concretos. Por ejemplo, respecto a las familias en situación administrativa irregular, ahora mismo no cubiertas por el Ingreso Mínimo Vital, a excepción de algunas comunidades. En Navarra sí tienen acceso a rentas mínimas; de lo contrario, esos niños y niñas están condenados a la pobreza.
Usted se ha reunido, por ejemplo, con Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, con Cuca Gamarra, del PP, y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué nos puede encontrar de esas tres entrevistas?
En las tres reuniones nos encontramos muchísimo conocimiento de la realidad del país. Mantuvimos conversaciones con sustancia, donde pudimos entrar al detalle en muchos de los temas. Con Yolanda Díaz la reunión estuvo muy centrada en las políticas de empleo y en los colectivos más vulnerables. Con Pedro Sánchez la mirada fue mucho más holística, mirando el contexto nacional, pero también al internacional. Y con Cuca Gamarra y con Ana Pastor también hablamos de por dónde tendrían que estar y dónde están las propuestas del Partido Popular.
¿Encontró a Sánchez receptivo? La verdad es que fue un diálogo genuino, y muy poco encorsetado. Cada una de las dos partes fuimos poniendo temas encima de la mesa y fue un encuentro muy fluido.
