- El Gobierno de Navarra aprobará el próximo lunes en sesión extraordinaria el proyecto de Presupuestos para 2022. Unas cuentas públicas expansivas que espera sacar adelante con el apoyo de EH Bildu, con quien tiene ya un preacuerdo global, y que van acompañadas por una reforma fiscal que por ahora no tiene la aprobación garantizada. Las posturas siguen lejanas, y el Gobierno insiste en que no se dan las circunstancias para aumentar la fiscalidad en el Impuesto de Sociedades.

“Seguimos en un diálogo abierto con la única formación que ha querido dialogar. Hemos avanzado en algunos ámbitos, y es evidente que existen diferencias en materia fiscal, pero somos optimistas y creemos que al final habrá acuerdo”, confió ayer el portavoz, Javier Remírez, que no obstante subrayó que la postura del Gobierno “es clara y manifiesta”, por lo que no hay margen para grandes modificaciones. Especialmente en el Impuesto de Sociedades. A juicio del Ejecutivo, la coyuntura económica actual invita “a la prudencia”.

La reforma del impuesto que pagan las empresas es una demanda de EH Bildu, que el pasado martes avanzó un “no rotundo” a la reforma fiscal si no se corrige la fiscalidad a los beneficios empresariales. Pero el Gobierno no está por la labor porque considera que tanto las “incertidumbres” para los próximos meses en cuanto a inflación y escasez de materias primas, como las características propias de la industria navarra, mayoritariamente centrada en la exportación, invitan a la “prudencia” fiscal.

De momento, el Gobierno se ha limitado a suprimir las deducciones por creación de empleo, sustituyéndolas por políticas activas para la contratación a través de los presupuestos. “Hemos propuesto lo que consideramos más adecuado y procedente para avanzar hacia una modernización del sistema de fiscalidad de sociedades”, apuntó ayer Remírez, que argumentó que con la recuperación económica todavía incipiente “es el momento de plantear medidas que favorezcan inversión de las empresas”. “Debemos buscar un equilibrio entre la competitividad y la progresividad del sistema tributario”, argumentó.

Pese a las diferencias, al menos públicamente, profundas entre el Gobierno y su socio presupuestario, el Ejecutivo foral confía en poder sacar adelante también las medidas fiscales. Incluída la reforma del IRPF, un proyecto que contempla un cheque fiscal de entre 50 euros para todos los contribuyentes y de 150 para las rentas de menos de 30.000 euros con efecto en la declaración de la renta de 2023. “Es una prioridad que venía recogida en el acuerdo programático. Va a estimular el consumo y a generar actividad, y por lo tanto, también supondrá más ingresos, así que no va a lastrar la recaudación”, defendió Remírez. Se trata, subraya el Gobierno, de una medida que “afecta a la mayoría de la población” y que cuenta con “un consenso parlamentario amplio” en favor de su aplicación.

Un jugoso caramelo que cuesta 56 millones anuales al que, salvo matices, ningún partido ha mostrado oposición, y que va en el mismo paquete que la no reforma del Impuesto de Sociedades. De forma que el Gobierno confía sacar adelante aunque sea por la vía de la abstención, si no la de EH Bildu, al menos la de Navarra Suma, que de momento no ha anunciado el sentido de su voto.