La amenaza de los comunes y el plante de la CUP cercan aún más a Aragonès

Ayer mismo se dio de bruces con otros dos problemas. Por un lado, la amenaza de los comunes de retirarle su apoyo parlamentario si Esquerra no respalda en el Congreso la reforma laboral. Por otro, el plante que le propinó la CUP anulando la reunión que tenían fijada con el president, dentro de la ronda abierta por el líder republicano con el mundo independentista, después de que los Mossos detuvieran a cuatro activistas antidesahucios. Todo ello frente a los recelos constantes de Junts por su gestión y en el contexto de la parálisis momentánea del Parlament por el caso del diputado anticapitalista Pau Juvillà.

En Comú Podem ha actuado en las últimas semanas como “socio preferente” del Govern para aprobar, por ejemplo, los Presupuestos de la Generalitat para 2022 después de que los antisistema abandonaran su aval a Aragonès, pero el idilio no parece haber durado mucho después de la exigencia trasladada por la formación morada y que en el seno de ERC han recibido internamente como una especie de chantaje. El partido de Jèssica Albiach fue taxativo: “Si no apoyan la norma más importante de la legislatura en el Estado, implicará que se rompe la confianza”, entendiendo que la fuerza republicana “hace pasar motivos electoralistas por encima de los avances que supone la reforma” impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Recientemente, los comunes han sido claves en votaciones como la aprobación del decreto sobre el despliegue de las energías renovables en Catalunya. “El no significaría que Aragonès está dejando tirados a los trabajadores y decirles que tienen que seguir sufriendo la precariedad de la reforma del PP. Significaría que apuesta por un modelo low cost y que no quiere recuperar derechos laborales”, manifestó Albiach.

Para colmo, el president tuvo que posponer el inicio de su ronda de contactos con partidos y entidades soberanistas después de que la CUP quebrara su guión. Una hora antes de la cita que tenían en la agenda en el Palau la presidenta y la portavoz de este grupo, Dolors Sabater y Eulàlia Reguant, con el Jefe del Govern; los anticapitalistas anunciaron que no acudirían en señal de protesta por el arresto de cuatro activistas “en defensa del derecho a la vivienda” por parte de la Policía catalana. La CUP expresó su “claro rechazo a la represión que se está llevando a cabo contra el movimiento de la vivienda” por parte de la Generalitat, a quien le pide que no trate la emergencia habitacional como un problema de orden público; y aseguró no compartir el enfoque de la legislatura del actual Govern de ERC y Junts”, evocando que llegaron a un acuerdo de mínimos para la investidura en relación a la protección del derecho a la vivienda, y creen que va en la dirección contraria.

Aragonès les replicó que su Ejecutivo está “comprometido con el derecho a la vivienda, siendo una prioridad”, así como con la “lucha contra las desigualdades y por los derechos de la ciudadanía”. El president recalcó la “importancia de reforzar la unidad independentista” e insistió en “seguir trabajando en cómo hay que avanzar en la resolución del conflicto político mediante la amnistía y la autodeterminación”.

Hoy mismo se verá con JxCat y ERC para abordar estos temas pero la cumbre con la CUP no tiene ni fecha alternativa. En once días Aragonès trasladará en una conferencia cuáles son sus intenciones de cara a reunificar la unidad independentista y avanzar hacia los objetivos del gobierno del 52%. Pero los compañeros de viaje no se lo ponen fácil.

Citan a la consellera Garriga. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, el próximo 1 de marzo, para notificarle su procesamiento por su papel en el 1-O y para que pueda declarar en alto tribunal catalán. La sala civil y penal del TSJC acordó asumir la causa abierta a Garriga una vez logró la condición de aforada, cuando ya había sido procesada por malversación y desobediencia grave.